Una nueva irregularidad salió a la luz en la Caja Popular de Ahorros: el ex interventor José Díaz se desempeñó durante 31 meses de manera simultánea como funcionario político y como empleado de planta permanente, en clara violación a la Constitución Provincial. Así lo determinó el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo 1348/2026, que declaró nulo su nombramiento como Subgerente General Adscripto Nivel 3, con efectos retroactivos a su origen. El organismo de control ordenó además una comprobación sumaria para cuantificar los haberes percibidos indebidamente, que preliminarmente se estiman entre 600 y 700 millones de pesos.

Según la resolución, la designación se formalizó el 21 de junio de 2023 a través de la Resolución de Intervención N° 494/23, firmada por el entonces subinterventor Hugo Guillermo Ledesma —cuñado del diputado nacional Carlos Cisneros—. En esa fecha, Díaz ya ejercía como interventor de la entidad autárquica, nombrado por decreto provincial. El Tribunal subrayó que el artículo 9° de la Constitución de Tucumán prohíbe de manera terminante la acumulación de cargos a sueldo en la administración provincial o municipal, y establece que la aceptación de un segundo puesto produce la vacancia automática del primero. La licencia por cargo político que invocó el estatuto interno de la Caja no puede anular esa incompatibilidad, que opera ipso iure.

El fallo también detectó vicios graves en el procedimiento: Ledesma suscribió la resolución sin acreditar la ausencia o impedimento del interventor titular, incumpliendo las normas de subrogancia. El dictamen jurídico N° 20913 fue genérico y omitió el análisis de incompatibilidades, y no se respetó el concurso de méritos exigido para cargos jerárquicos de planta permanente. El Tribunal calificó el acto como una desviación de poder, ya que la finalidad real era otorgar a Díaz una permanencia en el organismo una vez finalizada su gestión como interventor.

En el plano económico, la Contaduría General había fijado en junio de 2023 el haber inicial del cargo de Subgerente en 11.521.343,30 pesos mensuales. Para 2026, ese mismo cargo en licencia alcanzaba unos 13 millones de pesos mensuales. Con un promedio conservador de 12,26 millones por mes durante los 31 meses de coexistencia (desde el 21 de junio de 2023 hasta el 22 de enero de 2026), solo el cobro del cargo de planta permanente ascendería a unos 380 millones de pesos. A esa cifra debe sumarse la remuneración por el cargo político de interventor, cuyo monto exacto no figura en el acuerdo pero que, por su jerarquía, representaba varios millones adicionales por mes. De este modo, el perjuicio total podría superar los 600 o incluso 700 millones de pesos en el período analizado, extremo que deberá ser precisado por la comprobación sumaria.

Una vez aceptada su renuncia como interventor, Díaz reasumió funciones efectivas en la planta permanente como Asesor Jurídico, firmando dictámenes como el de la Resolución N° 091/26. Con anterioridad, el Tribunal ya había observado con nulidad absoluta otras designaciones realizadas por Díaz en sus últimos días como interventor (21 de enero de 2026), donde actuó como autoridad emisora y posteriormente como asesor letrado que convalidaba la legalidad de sus propios actos, configurando una superposición de funciones incompatible.

El escándalo se extiende al ámbito político: Díaz actuó como letrado en causas vinculadas a Carlos Cisneros y su familia. En abril de 2026, mientras gozaba de licencia psiquiátrica con goce de haberes en la Caja Popular, participó por Zoom en una audiencia judicial representando a las hijas del diputado nacional contra el medio El Tucumano. El Tribunal de Cuentas puso en conocimiento del Poder Ejecutivo, de las autoridades de la Caja y del Ministerio Público Fiscal las conclusiones para el inicio de acciones disciplinarias y penales.

Fuente: El Federalista