El presidente de la Comisión de Salud Pública de la Legislatura de Tucumán, diputado Gabriel Yedlin, encabezó esta mañana una charla-debate en la que se analizaron las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793. Del encuentro participaron actores vinculados a la temática, con el objetivo de generar un espacio de intercambio sobre los alcances de la iniciativa oficial.

En declaraciones a la prensa, Yedlin manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el proyecto avance en el Congreso. “Es una ley que viene básicamente a romper el Sistema Único de Prestaciones, a quitar las responsabilidades que el Estado Nacional tiene sobre las personas con discapacidad. Una vez más, este gobierno nacional viene a responsabilizar exclusivamente a las provincias del cuidado de las personas con discapacidad y su financiamiento”, afirmó.

El legislador detalló otros aspectos cuestionables de la iniciativa: “Este proyecto de ley viene además a exigirle a las personas con discapacidad que lleven a cabo un reempadronamiento obligatorio, con lo difícil que resulta hoy poder completar todos los trámites. También viene a eliminar los valores del nomenclador nacional y a exigirle a cada provincia y a cada prestador que los regule. Lo que se enmascara detrás de esas supuestas regulaciones es un retiro no solo del financiamiento, sino del rol rector y organizador del sistema de discapacidad”.

Yedlin no descartó la posibilidad de impulsar algún proyecto de resolución desde la Legislatura tucumana para enviarlo a los diputados y senadores nacionales de la provincia, con el fin de que defiendan los derechos de las personas con discapacidad. “Lo importante es poder poner el tema en agenda”, subrayó.

Preocupación en el sector de prestadores

Gustavo Anastasio, presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán, también expresó su inquietud ante los cambios que podría sufrir la normativa. “En el caso de los prestadores, la reforma enuncia la posibilidad de que cada jurisdicción lleve adelante la cobertura de los servicios a las personas con discapacidad. A esto se suma que los financiadores podrían realizar acuerdos específicos dejando de lado el nomenclador nacional de prestaciones. Esto genera un riesgo real de que las prestaciones tengan distinta calidad según el financiador o la jurisdicción de cada persona”, señaló.

Por su parte, Francisco Argüello, socio fundador de la Fundación Fusar Sol —centro de diagnóstico y rehabilitación ubicado en Villa Hileret, departamento de Trancas, Tucumán— también fue crítico con las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional. “El problema central es que, bajo el pretexto de una auditoría de pensiones, se está modificando un artículo de la Ley 24.901, que es la que obliga a todas las obras sociales a financiar y a mantener el sistema regulador de prestaciones en discapacidad. Esto es una trampa, ya que desarticular los aranceles deja a los prestadores sin fuente de financiamiento”, advirtió.