El futuro de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, según admitieron este lunes 27 de abril de 2026 fuentes oficiales, en medio de una creciente disputa judicial con la Confederación General del Trabajo y otros sectores sindicales.

Desde el Ejecutivo consideran que el conflicto terminará en el máximo tribunal, donde se definirá la constitucionalidad de la normativa aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

El escenario se complejiza luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera la semana pasada a favor del Estado en el expediente iniciado por la CGT. Los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González modificaron el alcance de la apelación y habilitaron la plena vigencia de la reforma, que había sido parcialmente suspendida por una medida cautelar.

A partir de ese fallo, el movimiento obrero profundizó su estrategia judicial. Este lunes, la central sindical recusó a ambos magistrados y solicitó la nulidad absoluta de la resolución que reactivó la ley.

En su presentación, la CGT sostuvo que los jueces habrían incurrido en prejuzgamiento sobre el fondo de la causa, en particular respecto de los artículos cuya aplicación había sido suspendida previamente.

Además, el planteo incluyó cuestionamientos específicos contra Pesino, a quien acusaron de favorecer la posición del Estado nacional. En ese sentido, señalaron que su continuidad en el cargo más allá de los 75 años —posibilidad habilitada mediante una gestión ante el Consejo de la Magistratura— constituye una situación incompatible con la imparcialidad requerida.

El escrito sindical consideró que la eventual extensión en el ejercicio de funciones judiciales representa un “beneficio” que podría afectar la independencia del magistrado, y lo calificó como una conducta contraria a principios éticos.

Asimismo, la CGT cuestionó la actuación del Estado al promover esa continuidad, al entender que se trata de una acción que compromete la transparencia institucional.

Desde el oficialismo, en tanto, interpretan que la judicialización del conflicto responde a la estrategia central del sindicalismo frente a una ley que consideran clave dentro del programa de reformas. En ese marco, estiman que la definición final de la Corte Suprema será determinante para el futuro de la normativa.

Mientras tanto, la disputa judicial continúa abierta y suma nuevos capítulos en un escenario de tensión entre el Gobierno y las organizaciones gremiales.