La reciente asunción de Agustín Fernández como Defensor del Pueblo de Tucumán, ocurrida el viernes 6 de marzo pasado con 38 votos a favor en la Legislatura, puso nuevamente en el centro del debate público el funcionamiento interno de un organismo que este año podría superar un presupuesto de $10.000 millones, destinando casi la totalidad de sus partidas al pago de sueldos, según revela un informe elaborado en el ámbito parlamentario.

El estudio, que analizó la estructura administrativa de la institución creada en 1995 por Ley 6.644, detectó una compleja organización jerárquica con áreas que presentan funciones similares o directamente superpuestas. Entre los ejemplos más llamativos figuran una Secretaría de Relaciones Institucionales, una Dirección de Relaciones Institucionales, una Secretaría Ejecutiva IX de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, y una Oficina de Relaciones Públicas, Protocolo y Ceremonial, todas conviviendo dentro del mismo organismo.

Observaciones análogas recayeron sobre el área de Desarrollo y Monitoreo Institucional, donde coexisten una Secretaría, una Secretaría Ejecutiva XII, una Subsecretaría, una Dirección, una Subdirección y una Oficina con denominaciones vinculadas al mismo eje temático. A ese esquema se suman otras cinco dependencias destinadas a tareas de “Despacho”, cinco secretarías de máxima jerarquía (ubicadas inmediatamente por debajo del defensor y sus dos adjuntos) y cinco Secretarías Ejecutivas diferenciadas únicamente por numeración romana.

En total, la investigación contabilizó 60 oficinas con rango jerárquico dentro de la Defensoría. Por debajo de esa estructura se desempeñan empleados administrativos ejecutivos y personal sin funciones específicas determinadas en las planillas oficiales. La planta permanente asciende a 486 trabajadores, a los que se suman entre 250 y 300 contratados, una cifra que varía cada año. El relevamiento también señaló una importante presencia de apellidos vinculados políticamente o asociados a parentescos dentro de la administración, aunque la nómina completa no fue difundida públicamente por razones de privacidad.

El peso del gasto salarial

El análisis presupuestario encendió las alarmas: en 2025, el organismo cerró con partidas por $8.700 millones, de los cuales el 97% se destinó al pago de salarios. Para el ejercicio 2026, la proporción sería casi idéntica: 96,87%. Sobre un presupuesto inicialmente proyectado en $9.200 millones, las estimaciones indican que terminará superando los $10.000 millones al cierre del año. De ese total, unos $9.000 millones se asignarían a Gastos de Personal. El remanente se distribuiría en $120 millones para Servicios no Personales, $90 millones para Bienes de Uso y $80 millones para Bienes de Consumo.

El informe vinculó esos números con la fuerte disputa política que rodeó la elección del nuevo titular. “No se eligió un defensor del pueblo, se pagaron favores políticos”, sostuvieron desde el sector que impulsó el estudio, cuestionando además que el designado haya sido Agustín Fernández, un nombre que desde semanas antes aparecía como favorito en el ámbito legislativo con el respaldo explícito del gobernador Osvaldo Jaldo.

“El elegido fue un dirigente político cuando debería haberse designado a alguien independiente, idóneo y con autoridad moral para controlar al poder y defender a los vecinos”, agregaron las mismas fuentes. También afirmaron que la estructura administrativa es sobredimensionada y que el organismo podría funcionar con una planta mucho menor: “Con diez abogados, diez administrativos y dos personas para tareas generales sería suficiente”, señalaron.

Los críticos concluyeron que la elección no respondió al fortalecimiento institucional, sino que se volvió a usar al Estado “como una agencia de colocación para los amigos”.

Perfil del nuevo defensor y primeras definiciones

Agustín Fernández fue elegido el viernes 6 de marzo con 38 votos afirmativos, mientras que la abogada Claudia Boyanovsky obtuvo seis adhesiones y se registraron cuatro abstenciones. Inicialmente se habían presentado 46 postulantes, y luego del proceso de selección la lista quedó reducida a una terna integrada por Fernández, Boyanovsky y el letrado José Alcaraz.

El flamante defensor cuenta con una extensa trayectoria política: fue concejal en Aguilares, intendente de esa ciudad en tres oportunidades durante las gestiones de José Alperovich y posteriormente diputado nacional. Consultados tras su designación, adelantó que revisará el presupuesto y las funciones del personal antes de emitir definiciones. “No puedo adelantar nada sin conocer bien la situación”, indicó, al tiempo que buscó transmitir tranquilidad a los trabajadores. También señaló que evaluará cuáles son los temas urgentes pendientes heredados de la gestión anterior.

La Defensoría del Pueblo de Tucumán fue creada en 1995 mediante la Ley 6.644, que la define como un órgano independiente destinado a la defensa y protección de los derechos fundamentales de los habitantes. La legislación vigente le asigna intervención frente a posibles abusos de la administración pública y de los poderes del Estado. Sin embargo, el debate actual vuelve a poner en discusión si ese objetivo institucional se corresponde con el funcionamiento real del organismo.