El gobierno nacional dispuso desde hoy la prohibición del ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida sin precedentes en la historia democrática argentina que profundiza el conflicto entre el Poder Ejecutivo y la prensa.

Según confirmaron fuentes oficiales, la restricción alcanza a la totalidad de los medios que diariamente cubren la actividad gubernamental en Balcarce 50. Las autoridades esgrimieron dos motivos para justificar la decisión: la necesidad de avanzar en una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa –que ya había llevado a la suspensión temporal del ingreso de periodistas de siete medios durante más de dos semanas– y la denuncia penal presentada ayer contra dos cronistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, argumentaron las fuentes oficiales, quienes condicionaron la eventual reinstalación de los permisos al avance de la causa judicial contra los periodistas de TN. “Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, abundaron. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no había emitido un comunicado oficial con los alcances de la medida.

La decisión tiene escasos antecedentes. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante todos los períodos democráticos e incluso durante los gobiernos de facto, lo que convierte a la prohibición actual en un hecho inédito en más de cuatro décadas de democracia ininterrumpida.

Denuncia penal por filmaciones en el palacio. El origen inmediato de la medida es la presentación judicial que el Gobierno realizó ayer, a través de la Casa Militar –el órgano encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia de Olivos–, contra dos periodistas de TN. La denuncia recayó por sorteo en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

El parte presentado por el general de brigada Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, consta de nueve páginas. En él se acusa a los periodistas Luciana Geuna (conductora del programa “Y mañana qué”, emitido el domingo pasado) e Ignacio Salerno (cronista acreditado de TN en la Casa Rosada) de haber difundido filmaciones del interior de la sede gubernamental. La denuncia sostiene que “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente”.

Para las autoridades de la Casa Militar, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, en alusión a la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios, y a “los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados”.

La denuncia penal podría implicar delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde el Ejecutivo señalaron que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por Ibáñez.

El presidente desde Israel. Javier Milei, que se encuentra de viaje oficial en Israel cuando se difundió el material, reaccionó a través de su cuenta de la red social X. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, escribió el mandatario este miércoles por la tarde, en una publicación donde encadenó insultos contra distintos periodistas.

La medida de hoy implica, al menos momentáneamente, la suspensión de la acreditación de Ignacio Salerno, aunque el alcance general de la prohibición deja a toda la prensa acreditada sin posibilidad de ingresar al palacio de gobierno por tiempo indeterminado.