Marcelo “Pichón” Segura, el empleado público imputado por el cabezazo al diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza), denunció que el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, profirió amenazas en su contra luego del violento episodio registrado en La Madrid. A 42 días del hecho, la Justicia penal concluyó que no hubo delito.

En una audiencia celebrada este miércoles, el juez de Concepción, Enrique Martin Cacici, ratificó la decisión adoptada por la Fiscalía Regional, a cargo de Diego Sebastián Hevia, de desestimar por atipicidad la acción judicial impulsada por Segura. El magistrado tampoco hizo lugar al otorgamiento del rol de querellante y actor civil solicitado por el hombre de 56 años, quien permanece bajo arresto domiciliario.

El abogado Ernesto Baaclini, representante legal de Segura, interpuso de inmediato un recurso de impugnación contra el fallo y anticipó que elevará los argumentos por escrito en las próximas horas.

El contexto del caso

Este caso se tramita de manera paralela al expediente por lesiones graves agravadas por alevosía que tiene por víctima al diputado Pelli, pero está vinculado directamente a esa jornada.

El 11 de marzo, una comitiva de dirigentes libertarios concurrió a La Madrid para llevar donaciones a damnificados por las tormentas. En ese contexto, tras un breve intercambio, Segura le dio un brutal cabezazo a Pelli. Producto del golpe, el diputado tuvo que ser sometido a una cirugía. El empleado público estuvo 25 días en el penal de Benjamín Paz con prisión preventiva, pero luego se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario por razones de salud. Ahora, propuso un juicio abreviado con una pena de ejecución condicional de tres años, sumando una serie de reglas de conducta.

La denuncia de Segura contra Molinuevo

Segura, a la vez, aparecía como víctima en otro legajo, ya que denunció al intendente Molinuevo por amenazas. Según relató, cuando era conducido al móvil policial, el jefe municipal lo insultó y le dijo que lo iba “a matar”. “Acordate de mi cara, hijo de p...”, afirmó Segura que le dijo Molinuevo. Aportó videos a la causa como evidencia.

Los fundamentos de la Fiscalía

En una resolución dictada el 31 de marzo, el fiscal Hevia analizó el relato de Segura y las pruebas aportadas, y valoró “si los hechos denunciados pueden subsumirse en alguna figura penal”. Citó doctrina y jurisprudencia que brindan pautas sobre qué circunstancia representa una amenaza para el derecho penal.

“No se verifica la existencia de una situación de gravedad y seriedad que amerite tener por configurado el delito de amenazas, debido a que las manifestaciones entre las partes en razón de una disputa no constituyen base suficiente para configurar el ilícito”, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal. Señaló que es requisito esencial del delito la gravedad y la incidencia en la psiquis del receptor, y que deben descartarse las amenazas proferidas en un momento de ira o al momento de una discusión verbal.

Agregó que “el hecho se dio en el marco de un conflicto suscitado a raíz de una agresión previa de Segura al diputado Pelli, y en el marco de una discusión”. “Incluso, sobre todo en el primer video se ve que Segura lejos de verse amedrentado o atemorizado por los gritos responde de manera directa al interlocutor, mientras es conducido al móvil policial”, aseveró el fiscal.

La decisión del juez

Segura, a través de Baaclini, recurrió la resolución del MPF, y su planteo fue tratado en una audiencia a cargo del juez Cacici. La Fiscalía, representada por el auxiliar fiscal Juan José Ibáñez, ratificó el contenido de la resolución, y contó con el visto bueno de Molinuevo, que tuvo como abogado defensor a su hijo, Juan Pablo Molinuevo.

Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso un cuarto intermedio para analizar el caso. Finalmente, resolvió no hacer lugar a lo requerido por Segura y confirmar la decisión de la Fiscalía Regional mediante la cual se desestima la denuncia o querella y se deniega el rol de querellante y la acción civil.

El juez coincidió con buena parte de la postura del Ministerio Público Fiscal y recordó que, al tratarse de un delito de acción pública, la dirección de la investigación corre por cuenta de este órgano judicial. Ratificó el criterio de que, según lo establecido por la doctrina y la jurisprudencia, el contexto en el que Molinuevo profirió los dichos en cuestión contra Segura —es decir, en una situación posterior a la agresión a Pelli, y ya con la Policía interviniendo— implica que no se configuraba un delito. Recordó que el denunciante, lejos de mostrarse atemorizado, “se habría dado vuelta con actitud desafiante”.