La Ley de Financiamiento Universitario, desde que fue sancionada, se convirtió en uno de los grandes focos de tensión para el Gobierno nacional. En los últimos días, el oficialismo estudiaba cómo reajustar las partidas presupuestarias para dar respuesta a un fallo judicial que exige su cumplimiento.

El Gobierno planea una nueva convocatoria a rectores y autoridades de las universidades para principios de mayo, con la intención de sellar un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

El principio de acuerdo que fracasó

En despachos oficiales de Balcarce 50 afirman que en febrero existió un principio de acuerdo, atribuido al asesor presidencial Santiago Caputo. Ese entendimiento aspiraba a recomponer los salarios de docentes y no docentes en un 12,3% de lo perdido por inflación durante 2025, pero no prosperó debido a las demoras en los tiempos legislativos.

Desde el Salón Martín Fierro apuntan contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. Cercanos al legislador descartan esa versión y aseguran que las prioridades las define la Casa Rosada según las necesidades del momento.

La estrategia del oficialismo

“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario. Con esa herramienta, la administración libertaria aspira a ganar tiempo, luego de que la inflación de marzo, que se ubicó en 3,4%, complicara los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.

“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial, que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.

La postura de las universidades

Las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejecutivo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.

Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.

Reuniones en el Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, coordinadora de la estrategia legal de la procuración.

Presión y memoria de movilizaciones

Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.

“La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces”, vaticinó una importante fuente a esta agencia. En paralelo, las autoridades universitarias preparan una nueva convocatoria que podría concretarse de no conformar la propuesta.