El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, rubricó este miércoles el Decreto N.º 772/7 M.S., una normativa que refuerza las herramientas de prevención, control y sanción ante episodios de violencia, amenazas y desórdenes en los establecimientos educativos de la provincia.

El texto ratifica las directrices impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para que adopten todas las acciones necesarias orientadas a evitar hechos violentos, intervenir en situaciones de riesgo y resguardar la seguridad tanto en el interior como en el perímetro de las escuelas.

En ese marco, el decreto establece que las autoridades y directivos de instituciones educativas —tanto de gestión estatal como privada— serán responsables de la protección y el cuidado de los alumnos. En caso de que no cumplan con esas obligaciones, podrán ser pasibles de la pérdida de los subsidios o aportes que reciben del Estado provincial.

Además, la norma instruye al Ministerio de Educación a aplicar sanciones correctivas. Entre ellas se contempla la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el ciclo lectivo en curso para aquellos estudiantes que realicen conductas que comprometan el normal desarrollo de las clases.

Por otro lado, se establece que los padres, tutores o responsables legales de los menores serán considerados responsables en sede administrativa y/o judicial por las acciones de sus hijos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños que pudieran ocasionar.

El decreto también prevé que los menores involucrados en hechos de gravedad puedan ser trasladados al instituto Brochero, ubicado en la localidad de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial.

La medida entró en vigencia desde la fecha de su firma y será refrendada por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.