El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse presentó en la Legislatura de Tucumán un proyecto de ley que propone modificaciones sustanciales a la Ley N° 9188 de narcomenudeo. La iniciativa busca dotar al sistema de un procedimiento "claro, eficaz y constitucionalmente sólido" y cuenta con el acompañamiento de sus pares del bloque oficialista Maia Martínez, Marcelo Herrera y Adriana Najar.

El eje central de la reforma es evitar la discrecionalidad en las investigaciones por tráfico de sustancias en pequeña escala. Para ello, el proyecto refuerza la dirección funcional del Ministerio Público Fiscal desde el inicio de las actuaciones y exige que la lucha contra el microtráfico se realice bajo estrictos estándares de legalidad y profesionalismo.

Verificación policial con límites claros

Una de las innovaciones más destacadas de la iniciativa es la regulación de la "Verificación preliminar policial". El texto establece que, una vez recibida una denuncia, la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP) u otra área especializada dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para realizar tareas de constatación. Estas tareas "tendrán carácter exclusivamente preliminar, objetivo y no invasivo, y estarán dirigidas a corroborar la verosimilitud de los hechos denunciados".

Durante ese período, los efectivos solo podrán realizar observaciones en espacios públicos, relevamientos territoriales, identificación de testigos potenciales o registros audiovisuales desde lugares públicos. El articulado es tajante al prohibir cualquier medida que afecte derechos fundamentales, como ingresos a domicilios o requisas, sin una autorización judicial previa.

Denuncias anónimas: validez relativa

El proyecto busca un punto de equilibrio entre la protección del vecino que teme represalias y el debido proceso. Reconoce la validez de la denuncia anónima en contextos de temor fundado, pero aclara que "no podrá constituir por sí sola fundamento suficiente para medidas invasivas". En los fundamentos, los autores explican que el objetivo es evitar que este mecanismo se transforme en un "atajo incompatible con el debido proceso", exigiendo siempre una corroboración objetiva que respete el estándar de sospecha razonable.

Rol central de la fiscalía y control judicial

El proyecto refuerza el papel del Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal. Toda denuncia recibida por la Policía debe ser comunicada de manera inmediata al fiscal competente para asegurar la trazabilidad del ingreso y evitar circuitos paralelos. Finalizado el plazo de verificación, la Policía debe remitir las actuaciones con un informe detallado, bajo advertencia de que la "demora injustificada constituirá falta grave".

A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal contará con tres días hábiles para decidir si archiva las actuaciones, solicita una ampliación de medidas no invasivas o promueve una investigación preparatoria. Esta decisión, según el proyecto, "deberá ser fundada y ajustada a criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y objetividad". En la misma línea, se fortalece el control jurisdiccional: el juez tendrá también un plazo de tres días para resolver las medidas solicitadas, verificando la suficiencia de elementos y la delimitación de la medida, bajo la premisa de que "no se admitirá autorización tácita".

Política contra la degradación social

En la exposición de motivos, los autores sostienen que el narcomenudeo es la "manifestación territorial más concreta del narcotráfico", actuando como un factor de degradación que destruye familias y capta jóvenes en los sectores más vulnerables. El documento advierte que la inacción estatal no es neutral, sino que amplifica el daño: "Quien vende droga en un barrio no comercializa un producto: distribuye adicción, dependencia, violencia y muerte".

Por esta razón, la iniciativa no solo se limita a lo procesal, sino que promueve un cambio de paradigma en la intervención estatal. Los fundamentos destacan que el proyecto "no amplía el poder punitivo: lo ordena, lo estructura y lo somete a reglas claras". Asimismo, se prevé la creación de un sistema obligatorio de registro y trazabilidad de todas las denuncias y resoluciones, bajo el control de la Comisión Interpoderes, y se establece la capacitación obligatoria para todos los operadores del sistema en materia de investigación y derechos fundamentales.

"Allí donde el Estado se retira, avanza el narco"

Finalmente, Vargas Aignasse subraya que combatir este delito es una cuestión de "dignidad social". El Estado, según el texto, debe recuperar los espacios sociales capturados por el delito. La frase que resume esa postura es contundente: "Allí donde el Estado se retira, avanza el narco. Allí donde el Estado actúa con decisión, se restablece el orden jurídico y se protege a la comunidad". De este modo, la reforma se inscribe en una estrategia integral que busca que la intervención sea profesional, técnica y, sobre todo, constitucionalmente válida.