POLICIALES
8 de abril de 2026
La Justicia ordenó 59 días de internación para el menor que llevó un revólver con seis balas a la escuela
El adolescente de 17 años fue acusado de portación de arma de guerra. La fiscalía pidió su alojamiento en el centro Cura Brochero hasta el 5 de junio por riesgo procesal y evidencias pendientes.
La medida más gravosa que puede aplicarse a un menor en conflicto con la ley penal fue dispuesta este miércoles en Tucumán. Una jueza ordenó el alojamiento provisorio de un adolescente de 17 años en el centro socioeducativo Cura Brochero por un plazo de 59 días, hasta el viernes 5 de junio. El joven fue acusado de portación de arma de guerra luego de ingresar a una escuela secundaria con un revólver cargado.
El pedido de internación fue formulado por la auxiliar de fiscal Jimena Castro, de la Unidad Criminal I que dirige Mariano Fernández. La representante del Ministerio Público Fiscal argumentó la necesidad de la medida en dos razones: aún restan evidencias por producirse dentro de la investigación y existe un riesgo procesal de obstaculización, es decir, el menor podría interferir en el avance de la causa.
Los hechos que motivaron la internación
El martes 7 de abril, alrededor de las 14 horas, el adolescente se presentó en la escuela secundaria El Salvador, ubicada en la intersección de Ezequiel Colombres y pasaje García Hamilton, en San Miguel de Tucumán. Según la acusación, el joven llevaba en su mochila de color gris un revólver operativo con empuñadura de plástico negro y seis cartuchos calibre 38 SPL marca CBC. Todo ello sin ninguna autorización legal para portar armas de fuego.
La calificación legal del hecho es “portación de arma de guerra”, en calidad de autor, y el bien jurídico afectado es la seguridad pública. La jueza aceptó los argumentos fiscales y dispuso el alojamiento provisorio del menor en el centro Cura Brochero por 59 días, una de las medidas más severas previstas en el régimen penal juvenil.
El plazo de internación se extenderá hasta el viernes 5 de junio. Durante ese período, la fiscalía deberá completar las evidencias pendientes y evaluar si corresponde elevar la causa a juicio o dictar otra resolución. El caso mantiene en alerta a la comunidad educativa de la escuela El Salvador, donde padres y directivos exigen mayor control de ingreso para evitar episodios similares.
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