Por Pablo Pero, economista.

Las inundaciones volvieron. Y con ellas, también volvió una escena que ya no sorprende: pueblos bajo el agua, infraestructura desbordada y un Estado que reacciona, pero no previene. Lo ocurrido en estos días no es un episodio aislado, ni una anomalía climática inesperada. Es, más bien, la manifestación reiterada de un problema estructural que la provincia decidió no resolver.

Hace apenas semanas atravesamos eventos similares. Anoche, otra vez, lluvias intensas provocaron nuevos daños. La repetición ya no admite excusas. Tucumán no enfrenta un fenómeno extraordinario: enfrenta las consecuencias de años de desinversión.

Para evitar caer en impresiones, conviene mirar los datos. Un relevamiento reciente —contrastando distintas fuentes— permite identificar una secuencia clara de eventos hídricos severos. Entre los más destacados aparecen 1992, 2000, 2007, 2013, 2015, 2017 y el período 2025-2026, con impactos particularmente fuertes en localidades como La Madrid, afectada recurrentemente por desbordes del río Marapa.

Pero el dato más relevante no es la magnitud de cada tormenta, sino su frecuencia. Si se reconstruye la serie histórica desde 1900, aparecen eventos en 1910-11, 1919-20, la década del 30, 1948, fines de los 50, y luego un salto significativo desde 1985 en adelante, con recurrencia creciente en las últimas décadas. Entre los años 40 y 80, en cambio, la frecuencia parece menor. No es casualidad.

En ese período, Tucumán tuvo una política hídrica activa. Se realizaron estudios, se planificaron desagües y se ejecutaron obras de infraestructura clave. Se construyeron diques como La Aguadita (1904), Escaba (década del 40), El Cadillal (década del 60), y más tarde La Angostura y El Cajón. En paralelo, se avanzó en la regulación del uso del agua, con una de las primeras leyes de riego del país. Había una lógica: invertir para prevenir.

El contraste con el presente es evidente. En los últimos 60 años, la provincia no incorporó nuevas obras de esa escala. La política hídrica dejó de ser una prioridad, aun cuando los eventos extremos se volvieron más frecuentes.

Los datos fiscales confirman esta tendencia. Según información oficial del Ministerio de Economía de la Nación, Tucumán destina hoy menos del 4% de su gasto total a obra pública, mientras que el promedio de las provincias ronda el 8%. Es decir, la provincia debería al menos duplicar su esfuerzo para alcanzar un estándar medio. Pero incluso eso sería insuficiente, considerando el rezago acumulado.

La evolución histórica del gasto de capital muestra un deterioro aún más preocupante. A comienzos de siglo, Tucumán invertía en infraestructura en niveles comparables —e incluso superiores— al promedio nacional. A partir de 2012, esa convergencia se rompe, y desde entonces la caída es sostenida. En 2019, la inversión llegó a niveles inferiores al 3%. Con esos valores, no solo es imposible expandir la infraestructura: resulta difícil incluso mantener la existente.

Podemos ver esta situación en los siguientes gráficos:

El gráfico muestra el porcentaje de su presupuesto que cada provincia destinó a obra pública en 2024 y en 2025 (ese año hasta el tercer trimestre). Vemos que Santiago del Estero, CABA y Formosa están liderando el ranking, mientras que Santa Cruz y Entre Ríos están al fondo de la tabla. Allí supo estar hace poco tiempo Tucumán, como valores menores cercanos a una inversión de 2% de su presupuesto. Hoy ha mejorado levemente, somos los quintos desde abajo.

En 2025 destinamos a inversión un 3,8% del presupuesto, en 2024 aún menos que eso. Al mismo tiempo el gasto en el poder legislativo fue también un 3,8%. ¿Cómo se entiende que la provincia destine a Obra Pública el mismo monto que gasta en el poder legislativo? ¿Realmente el trabajo legislativo nos cuesta ese gasto, o es una excusa del poder gobernante para llevar recursos para su molino? Podría seguir con otras reparticiones de dudosa eficacia. Pero está claro: reordenando partidas la cantidad de obra pública en la provincia aumentaría fuertemente.

Traducido en términos simples, la provincia optó por privilegiar el corto plazo. Gastar para sostener el presente, aun a costa de deteriorar el futuro. El resultado es visible: rutas colapsadas, puentes comprometidos y sistemas de drenaje insuficientes frente a lluvias que, aunque intensas, no son inéditas.

En los últimos años se observa una leve recuperación —del 3% al 4%—, pero sigue siendo marginal frente a otras provincias de la región. Mientras Tucumán discute si llega al promedio, jurisdicciones vecinas como Jujuy, Catamarca o Santiago del Estero destinan entre el 10% y el 25% de su gasto a infraestructura.

El problema no es técnico. Tampoco es financiero. Es, esencialmente, una cuestión de prioridades.

En el segundo gráfico se ve como cambiaron las prioridades en los últimos lustros, el paso del tiempo deja un aprendizaje claro. No tenemos por qué tener esta pésima situación actual, hace poco las prioridades eran diferentes, cambiar para peor fue una decisión explícita de la gestión pública local. O al menos, fue la displicencia de no saber adaptarse cuando cambió el contexto nacional.

Las inundaciones no son inevitables. Lo inevitable, en todo caso, es el resultado de no hacer nada durante demasiado tiempo. Tucumán no necesita descubrir el problema: lo conoce desde hace décadas. Tampoco necesita inventar soluciones: ya las aplicó en el pasado.

Lo que falta es decisión.

Y mientras esa decisión no aparezca, cada tormenta seguirá siendo una noticia nueva para un problema viejo.