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POLITICA

25 de marzo de 2026

Un concejal libertario apuntó contra Darío Monteros y reavivó la polémica por los fondos investigados por la PROCELAC

Álvaro Apud (LLA) cuestionó al ministro del Interior en redes sociales y reactivó la polémica por las extracciones millonarias en efectivo en municipios tucumanos. La investigación alcanza a distintas comunas y supera los $40.000 millones.

El concejal de Yerba Buena Álvaro Apud (La Libertad Avanza) volvió a dirigir críticas contra el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, en medio de la crisis por las inundaciones y la agresión al diputado nacional Federico Pelli. A través de su cuenta en redes sociales, el edil lanzó un mensaje que vinculó la gestión de Monteros con la investigación de la PROCELAC sobre retiros millonarios en efectivo realizados por distintos municipios de la provincia.

“¿Te imaginás lo que hubieses evitado con los 17 mil palos que no sabemos dónde están?”, escribió Apud, en referencia a una de las causas más sensibles que tramita en la justicia. El monto mencionado corresponde a las extracciones detectadas en el municipio de Banda del Río Salí, donde según la investigación se retiraron más de $17.000 millones mediante cheques por ventanilla sin una justificación clara.

El contexto de las denuncias

El mensaje de Apud no es aislado. El concejal ya había denunciado a Monteros por amenazas en el marco del conflicto desatado tras la agresión que sufrió Pelli en La Madrid. Ahora, con una nueva publicación, sumó un elemento adicional al cruce político: la falta de infraestructura que quedó expuesta tras las inundaciones y su posible relación con el manejo de fondos públicos.

La investigación de la PROCELAC abarca distintos municipios tucumanos y el monto total bajo análisis supera los $40.000 millones. Los peritajes buscan determinar el destino de los fondos retirados en efectivo, una operatoria que según fuentes judiciales no contaría con respaldo documental suficiente.

Reacciones oficialistas

Desde el oficialismo provincial rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los retiros respondían a pagos legítimos, como salarios de personal no bancarizado o asistencia social directa. Sin embargo, la causa continúa su curso en la justicia y los montos involucrados mantienen la atención sobre el manejo de recursos públicos en distintos distritos.

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