Este martes 24 de marzo de 2026 se cumplen 50 años del quiebre institucional que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Aquel día, las Fuerzas Armadas, encabezadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauraron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Se abría así una etapa signada por el terrorismo de Estado, con miles de desaparecidos, apropiación de menores y una huella indeleble en la sociedad argentina.

La dictadura avanzó de inmediato sobre las instituciones: disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, prohibió la actividad política y restringió las libertades públicas. En paralelo, desplegó un sistema represivo clandestino basado en secuestros, torturas y desapariciones forzadas. La ESMA se convirtió en uno de los símbolos más representativos de ese engranaje.

Un país en crisis: violencia política, fracturas internas y colapso económico

El golpe de 1976 no irrumpió en el vacío. Fue precedido por un escenario de deterioro institucional, violencia política y crisis económica. Tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, el gobierno de Isabel Perón perdió capacidad de conducción en medio de una creciente fragmentación del peronismo.

En ese contexto, la violencia escaló de manera sostenida. Por un lado, organizaciones armadas como Montoneros —de raíz peronista revolucionaria— y el ERP —de orientación marxista— desarrollaron acciones armadas que incluyeron secuestros extorsivos, atentados, asesinatos y ataques a unidades militares. Entre los hechos más resonantes se encuentran el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en 1970 y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo en 1975.

Por otro lado, desde el propio aparato estatal y sectores vinculados al poder operaba la Triple A, organización parapolicial impulsada por José López Rega, responsable de asesinatos, persecuciones y atentados contra militantes políticos, sindicalistas e intelectuales.

La confrontación no solo era entre el Estado y las organizaciones armadas: también atravesaba al peronismo. Sectores de izquierda, vinculados a la militancia juvenil y a organizaciones como Montoneros, chocaban con sectores sindicales y políticos de derecha que disputaban el control del movimiento. La ruptura quedó expuesta públicamente en 1974 y derivó en una escalada de enfrentamientos internos.

Tucumán como laboratorio represivo y el impacto del Rodrigazo

En febrero de 1975, el gobierno constitucional puso en marcha el Operativo Independencia, con el objetivo declarado de “aniquilar el accionar subversivo” del ERP en Tucumán. La intervención militar marcó un punto de inflexión: habilitó prácticas represivas ilegales que luego se generalizarían en todo el país.

Ese mismo año, la crisis económica se profundizó con el llamado “Rodrigazo”, impulsado por el ministro Celestino Rodrigo. La fuerte devaluación, el aumento de tarifas y la disparada inflacionaria —que alcanzó niveles cercanos al 182% anual— provocaron una caída abrupta del salario real y un aumento del conflicto social. Incluso la CGT convocó a un paro general contra el gobierno peronista, en un hecho inédito.

El cuadro era de inestabilidad generalizada: crisis económica, violencia política y debilitamiento del poder civil. En ese contexto, las Fuerzas Armadas comenzaron a posicionarse como un actor con capacidad de “ordenar” la situación.

Un engranaje regional: Guerra Fría y coordinación represiva

El golpe también se inscribió en un escenario internacional atravesado por la Guerra Fría. Bajo la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, los gobiernos militares del Cono Sur coordinaron acciones para combatir a los movimientos considerados subversivos.

En ese marco, en 1975 se consolidó el Plan Cóndor, una red de cooperación entre servicios de inteligencia de varios países para perseguir, secuestrar y eliminar opositores más allá de las fronteras nacionales. Estados Unidos, bajo la presidencia de Gerald Ford, brindó respaldo político a estos regímenes.

La respuesta social: organismos de derechos humanos y búsqueda de justicia

Frente a la represión, comenzaron a surgir las primeras organizaciones de derechos humanos. Familiares de víctimas, agrupados en espacios como Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, impulsaron los primeros reclamos.

En 1977, un grupo de mujeres inició una acción que se volvería emblemática: las rondas en Plaza de Mayo, dando origen a las Madres de Plaza de Mayo. Poco después, las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda de niños apropiados durante el cautiverio de sus padres.

Democracia y justicia: el Juicio a las Juntas

Con el retorno de la democracia en 1983, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, se impulsó el histórico Juicio a las Juntas. En diciembre de 1985, la Justicia condenó a prisión perpetua a Videla y Massera, entre otros responsables, estableciendo un precedente internacional en materia de juzgamiento de crímenes de Estado.

Memoria, cifras y una historia en disputa

La CONADEP documentó 8.961 casos de desaparición forzada, aunque estimaciones posteriores elevaron la cifra. Los organismos de derechos humanos sostienen la cifra simbólica de 30.000 desaparecidos, en función del carácter clandestino del sistema represivo.

En 2025, Abuelas de Plaza de Mayo informó la restitución de 140 nietos apropiados, mientras que se estima que aún quedan más de 300 personas sin recuperar su identidad.

Una marca indeleble

A medio siglo del golpe, el 24 de marzo continúa siendo una fecha de memoria activa. La consigna “Memoria, Verdad y Justicia” sintetiza una construcción colectiva que atraviesa generaciones y mantiene vigente el reclamo por el esclarecimiento total de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados.