La diputada nacional del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó este jueves una denuncia penal para que se investiguen posibles irregularidades en contrataciones públicas vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El escrito, al que tuvo acceso este medio, apunta a dos ejes principales: una licitación por más de $3.650 millones para servicios de mensajería masiva y el proceso de concesión del predio de Tecnópolis, estimado en más de $183.300 millones.

La denuncia, radicada en los tribunales federales, solicita la apertura de una investigación y la producción de medidas de prueba para determinar la responsabilidad de funcionarios y empresarios involucrados en los hechos denunciados.

Licitación millonaria para servicios de comunicación

Según surge del escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas. La denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.

El documento también señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.

Tecnópolis y el vínculo con la esposa de Adorni

El segundo eje de la denuncia pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. El valor estimado de la concesión supera los $183.300 millones.

En ese marco, la denuncia menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Además, se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la presentación, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los delitos que se investigarían

De acuerdo con el documento presentado por Pagano, los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

La diputada solicitó formalmente la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar responsabilidades. Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de los funcionarios mencionados ni de las empresas involucradas.