La pulseada política entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el espacio de La Libertad Avanza en Tucumán sumó un nuevo capítulo judicial. Dirigentes libertarios reaccionaron con dureza tras conocerse la medida cautelar dictada por la Justicia provincial que obliga a la diputada nacional Soledad Molinuevo a eliminar publicaciones en redes sociales y abstenerse de realizar afirmaciones que vinculen al mandatario con la agresión sufrida por el legislador Federico Pelli.

El fallo, firmado por el juez Pedro Daniel Cagna, hizo lugar parcialmente a un pedido del gobernador, quien denunció que Molinuevo lo acusó públicamente de instigar el ataque contra Pelli —ocurrido en La Madrid en medio de la emergencia por las inundaciones— y de responsabilizarlo por eventuales hechos futuros contra ella y su entorno.

La resolución ordena la eliminación de los contenidos cuestionados y prohíbe a la diputada realizar manifestaciones similares, pero rechazó el pedido de retractación pública solicitado por Jaldo. El magistrado sostuvo que imponer una disculpa forzada podría vulnerar la libertad de expresión, al obligar a emitir un mensaje determinado sin que exista aún una sentencia definitiva.

"Querer disciplinar, no gobernar"

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de su cuenta en X, calificó la medida como un atentado contra la libertad de expresión. "Repudio la medida cautelar pedida por el gobernador Osvaldo Jaldo contra la diputada Soledad Molinuevo. Es un hecho que atenta contra la libertad de expresión y la democracia", aseveró.

Catalán, exministro del Interior de la Nación y actual miembro del directorio de YPF, expresó su respaldo a la parlamentaria opositora. "Mi solidaridad con Soledad frente a este intento de censura. En una República, las diferencias se debaten, no se silencian", denunció, y reforzó el posicionamiento de su espacio: "Como sostiene el presidente Javier Milei, la libertad no se negocia".

En la misma línea, el diputado nacional por Tucumán Gerardo Huesen cuestionó la judicialización del conflicto. "Perseguir judicialmente a una diputada por opinar no es gobernar, es querer disciplinar. En una República, al que piensa distinto se lo debate, no se lo calla", sentenció.

El artículo 68 y el "estilo mandrilandia"

El diputado salteño de LLA Carlos Zapata utilizó un tono más ácido para referirse a la situación. "En algunas provincias del norte, bien al estilo mandrilandia, el artículo 68 de la Constitución Nacional es inexistente", apuntó, en alusión al artículo que garantiza la libertad de expresión de los legisladores por sus opiniones en el desempeño de su mandato.

Por su parte, la exdiputada nacional de CREO Paula Omodeo, aliada política de LLA en Tucumán, respaldó a Molinuevo y apuntó contra el oficialismo provincial. "No podrán callarnos, porque tampoco se puede tapar el sol con la mano. Hay una realidad que todos en Tucumán conocemos bien: la corrupción está a la vista", arremetió. Y completó: "Bien por Soledad Molinuevo que se animó a denunciar la corrupción".

Los argumentos del fallo

La medida cautelar se originó a raíz de publicaciones de Molinuevo en las que atribuyó a Jaldo responsabilidad indirecta en la agresión que sufrió Pelli en La Madrid, en el marco de una recorrida para asistir a damnificados por las inundaciones. Según el expediente al que tuvo acceso este medio, el gobernador denunció que las acusaciones de la legisladora no constituían meras opiniones políticas, sino "afirmaciones fácticas graves" sin respaldo acreditado.

El juez Cagna consideró que la permanencia de los posteos en plataformas digitales generaba un "daño actual, continuo y expansivo", agravado por la lógica de viralización propia de las redes sociales. Por ello, resolvió ordenar su eliminación inmediata y la abstención de realizar manifestaciones similares en el futuro.

Sin embargo, el magistrado introdujo un límite relevante: rechazó el pedido de retractación pública y disculpas solicitado por Jaldo. Argumentó que imponer una retractación forzada podría vulnerar la libertad de expresión, al obligar a emitir un mensaje determinado sin que exista aún una sentencia definitiva que acredite la ilicitud de los dichos.

Postura del oficialismo provincial

Desde el gobierno provincial sostienen que las declaraciones de Molinuevo forman parte de una campaña de agravios sin sustento que afecta la investidura del gobernador y la institucionalidad. La medida cautelar, en ese sentido, busca poner límite a acusaciones que consideran carentes de prueba y que, según su interpretación, exceden el marco del debate político.

El fallo, sin embargo, deja abierta la discusión sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito digital y la posibilidad de judicializar conflictos entre funcionarios de distintos niveles. Por lo pronto, la tensión entre el oficialismo provincial y el espacio libertario parece lejos de encontrar una vía de resolución.