El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, pasó al ataque en la escalada de tensión política que sacude a la provincia tras la agresión al diputado Federico Pelli. A través de una carta documento, el funcionario intimó formalmente a la diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza) para que se retracte públicamente de las graves acusaciones vertidas en su contra en distintos medios de comunicación y redes sociales. El escrito otorga un plazo perentorio de 24 horas para cesar el hostigamiento y eliminar las publicaciones consideradas difamatorias, bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales por calumnias e injurias, además de una demanda civil por daños y perjuicios.

La comunicación formal, que lleva la firma del ministro, apunta directamente a las declaraciones realizadas por la legisladora el pasado 11 de marzo. En esa jornada, Molinuevo expresó en el canal LN+, en su cuenta de la red social X y en diversas entrevistas radiales frases contundentes como "toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior", vinculando además a Monteros con la agresión física que sufrió su compañero de banca Federico Pelli en la localidad de La Madrid.

Desde el Ministerio del Interior remarcaron que dichas imputaciones son "absolutamente falsas, maliciosas y carecen de cualquier tipo de sustento", y que constituyen una grave afectación al honor, la trayectoria pública y la investidura institucional del funcionario. La carta documento exige a Molinuevo que se retracte públicamente por los mismos medios que utilizó para difundir sus acusaciones y que elimine de sus plataformas digitales todo contenido que vincule a Monteros con los hechos denunciados.

El escrito también advierte que, en caso de no producirse la retractación correspondiente en el plazo fijado, se iniciarán las acciones legales pertinentes. Las figuras penales de calumnias e injurias, contempladas en el Código Penal, podrían ser el camino que adopte la defensa del ministro si la diputada mantiene su postura.

En un pasaje de la comunicación, Monteros expresó su preocupación por el contexto en el que se producen estas acusaciones. El funcionario recordó que la provincia atraviesa un momento particularmente delicado debido a las inundaciones que afectan a varias localidades del interior, con el Gobierno abocado de manera permanente a asistir a las familias damnificadas y coordinar operativos de emergencia. "La crítica política es legítima en democracia, pero las acusaciones falsas y las difamaciones no pueden ser toleradas", señala el texto enviado a la diputada.

Finalmente, el ministro anticipó un gesto que añade un componente simbólico al conflicto: en caso de avanzar con las acciones civiles y obtener un resarcimiento económico, la eventual indemnización será destinada íntegramente a las familias afectadas por las inundaciones en la localidad de La Madrid, una de las zonas más golpeadas por el reciente temporal en la provincia.