Los estudios genéticos recientemente incorporados al expediente confirmaron la presencia del perfil del principal acusado en el cuerpo de la joven asesinada en enero. El hallazgo de material genético bajo las uñas de la víctima refuerza la hipótesis de que habría intentado defenderse de un ataque, lo que pone en crisis la versión de la defensa que hablaba de una muerte accidental. Al mismo tiempo, los resultados excluyeron a la funcionaria judicial imputada y abren un nuevo escenario procesal para los cuatro detenidos.

La pesquisa por el asesinato de Érika Antonella Álvarez, la joven cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Yerba Buena el 8 de enero pasado, sumó una prueba de alto valor incriminatorio que termina de complicar el panorama del principal acusado. Los análisis de ADN practicados sobre el cuerpo de la víctima y recientemente agregados al expediente confirmaron la presencia del perfil genético de Felipe "El Militar" Sosa, un resultado que los investigadores consideran clave para consolidar la teoría del caso.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, en la madrugada del 7 de enero la víctima ingresó al domicilio de Sosa, ubicado en la calle Santo Domingo al 1.100 de Yerba Buena, y desde entonces no se supo más de ella hasta el hallazgo de su cuerpo al día siguiente en el barrio Manantial Sur. Siempre se supo que la joven había estado en esa casa, pero faltaba precisar si había más personas en el encuentro y, sobre todo, qué había ocurrido en el interior.

Las muestras genéticas fueron obtenidas de distintas partes del cuerpo de la víctima, entre ellas la boca, las zonas íntimas y debajo de las uñas. Luego se cotejaron con los perfiles de Sosa y de Justina Gordillo, la funcionaria judicial y pareja del acusado que también se encuentra imputada en la causa. El resultado fue contundente: se detectó ADN del principal imputado, mientras que no aparecieron rastros genéticos de Gordillo.

El hallazgo de material genético bajo las uñas de la víctima es interpretado por los investigadores como un posible indicio de que la joven habría intentado defenderse durante el ataque. Ese detalle, de confirmarse en la secuencia de la investigación, pondría en serias dificultades una de las hipótesis que la defensa de Sosa intentó instalar en los primeros tramos de la causa.

Marcelo Consiansi, el primer abogado del acusado (luego reemplazado), nunca negó que la muerte hubiera ocurrido dentro del domicilio de su cliente. Sin embargo, su estrategia apuntaba a instalar la idea de que el fallecimiento se habría producido en el marco de una situación trágica vinculada al consumo de drogas y no a un homicidio intencional. La existencia de signos de defensa por parte de la víctima contradice abiertamente esa versión. Ahora se espera conocer cuál será la postura del nuevo defensor, Gustavo López Peña, el tercer abogado que asume la representación de Sosa.

El resultado de la pericia genética, en cambio, podría jugar a favor de Gordillo. Sus abogados, Florencia Abdala y Camilo Atim, sostienen que el estudio respalda la versión de su defendida, quien siempre aseguró que no estuvo en la vivienda cuando ocurrió el crimen ni participó de un encuentro sexual con la víctima y su pareja. Si bien la acusada había negado esa posibilidad, pericias telefónicas previas habían establecido que la pareja solía mantener ese tipo de prácticas, lo que en sí mismo no constituye delito.

La situación procesal de los otros dos imputados, Jorge "Chicho" Díaz y Nicolás Navarro Flores, presenta aristas diferentes. Según la hipótesis fiscal, su participación habría ocurrido después de que la joven ya hubiera sido asesinada. Díaz está señalado como posible colaborador en la limpieza de la escena del crimen, mientras que Navarro Flores habría intervenido en el traslado y abandono del cuerpo en el descampado. Ambos están imputados por encubrimiento.

En los últimos días comenzaron a aparecer señales de que algunos de los acusados podrían romper el silencio. Navarro Flores manifestó su intención de declarar para dar su versión de los hechos. Estaba previsto que lo hiciera tras ser trasladado desde el penal de Benjamín Paz, pero sufrió una descompensación vinculada a problemas de diabetes, por lo que la audiencia fue reprogramada para el viernes.

Por su parte, Juan Pablo Bello, defensor de Díaz, indicó que analiza el momento oportuno para que su cliente preste declaración ante el fiscal Pedro Gallo. Según el abogado, están reuniendo pruebas que demostrarían la inocencia de su defendido y que este acudió al lugar únicamente por pedido de su empleador, Sosa.

Gordillo fue la primera de los imputados en brindar su versión de los hechos. Sus defensores afirmaron que su testimonio permitió avanzar en la investigación, aunque el fiscal Gallo rechazó esa interpretación y atribuyó las detenciones al trabajo del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, sostuvo en cambio que la funcionaria judicial "había perdido la oportunidad de decir la verdad".

Mientras tanto, el fiscal Gallo solicitó una nueva audiencia para modificar la acusación contra Sosa. Hasta el momento el imputado está acusado de homicidio, pero a partir de las pruebas reunidas no se descarta que la imputación sea agravada. Entre las posibilidades más firmes figura la incorporación de la figura de femicidio, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

El futuro procesal de los otros tres acusados aún no está definido. No obstante, fuentes judiciales anticipan que las imputaciones también podrían endurecerse, lo que complicaría aún más los intentos de las defensas para obtener la libertad de sus clientes, un pedido que vienen planteando desde hace varias semanas.