La Legislatura de Tucumán definió este viernes por la mañana la designación del nuevo Defensor del Pueblo en una sesión especial que dejó al descubierto las tensiones entre el oficialismo y la oposición en torno a la independencia del organismo y el costo de su estructura. Con 38 votos afirmativos, el exdiputado nacional Agustín Fernández se convirtió en el nuevo ombudsman para el período 2026-2030, luego de que el cuerpo legislativo resolviera entre los tres candidatos que integraban la terna finalista.

La candidata Claudia Boyanovsky cosechó seis adhesiones de la oposición, mientras que se registraron cuatro abstenciones. El tercer postulante, José Alcaraz, no obtuvo ningún voto. El resultado confirmó los pronósticos que circulaban en los pasillos de la Legislatura, donde se daba por descontado que el candidato con aval explícito del Poder Ejecutivo se quedaría con el cargo.

Los números de una votación previsible

El escrutinio final reflejó la correlación de fuerzas en el cuerpo: los 38 votos a favor de Fernández correspondieron a la bancada del Partido Justicialista y sus aliados. Por el lado de Boyanovsky, la apoyaron Walter Berarducci, Ricardo Bussi, José Cano, Silvia Elías de Pérez, Claudio Viña y Eduardo Verón Guerra. Las abstenciones correspondieron a Manuel Courel, José Macome, José Seleme y Agustín Romano Norri.

El debate previo: críticas a la independencia y al presupuesto

Previo a la votación, el cuerpo aprobó por moción de Carolina Vargas Aignasse —presidenta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos— apartarse del reglamento para permitir que los legisladores fundamentaran su voto durante tres minutos. La decisión se adoptó luego de que el secretario parlamentario Antonio Pérez señalara que el corrimiento era admisible para que "no quede el halo que hubo imposiciones ni cesiones".

Desde la oposición, las críticas apuntaron a dos ejes centrales: la falta de independencia del nuevo funcionario respecto del gobierno provincial y el elevado costo de mantenimiento de la Defensoría. Claudio Viña (Compromiso por Tucumán) planteó una metáfora para cuestionar el origen de la designación: "La independencia viene envasada al vacío y justamente el gobernador se anticipó, rompió el packaging, abrió ese envase de independencia el día que sentó al licenciado Agustín Fernández en su despacho y le dijo: 'Vos vas a ser'".

José Macome (Compromiso con la Lealtad) justificó su abstención al señalar que "ninguno de los candidatos logra la independencia necesaria del Poder Ejecutivo", y vinculó la elección con un "modelo de control institucional" que dijo no compartir. Por su parte, José Cano (Radicalismo Federal) advirtió sobre el riesgo de que las instituciones pierdan credibilidad cuando se convierten en "un espacio que nada tiene que ver y absolutamente desvirtuado con el rol constitucional".

En materia presupuestaria, José Seleme (Avanza Tucumán) calificó de "vergüenza" que la Defensoría proyecte para 2026 un presupuesto cercano a los 10.000 millones de pesos. Cuestionó además el organigrama actual, que comparó con "un ministerio sin ministro" por contar con 21 secretarías y 12 direcciones. "Esta estructura suena más a un privilegio que a una solución para los tucumanos. La política cada vez más cara, más casta, más vergonzosa", lanzó.

Manuel Courel (Cambia Tucumán) sumó un cuestionamiento al crecimiento de la planta de personal, que según señaló pasó de 300 a casi 500 empleados en pocos años: "¿Qué hacen esas casi 500 personas? ¿Cuáles son los resultados concretos de este organismo?".

La respuesta del oficialismo

Desde el bloque oficialista salieron a defender tanto el proceso de selección como la figura del designado. Gerónimo Vargas Aignasse rechazó las "miradas apocalípticas" y reivindicó la trayectoria de Fernández: "Agustín Fernández representa al pueblo. No es nuevo, lo ha hecho bien y cuando tuvo que decir sí, dijo sí y cuando tuvo que decir no, dijo no".

Gabriel Yedlin sumó su respaldo al destacar el compromiso del nuevo defensor para crear el "órgano de revisión de la ley de Salud Mental", una iniciativa que, según recordó, lleva 15 años de demora. Mario Leito, por su parte, buscó despegar la designación de una lógica puramente partidaria al recordar que Fernández "no nace en las filas del peronismo, lo reivindican como radical histórico", lo que a su criterio demuestra que la elección se basó en su "capacidad y sus convicciones".

Incidente final y juramento

El cierre de la sesión estuvo marcado por un cruce reglamentario. Cuando el presidente de la bancada del PJ, Roque Tobías Álvarez, intentó hacer uso de la palabra para replicar las críticas opositoras —argumentando que "No sabía que iban a hablar tantas barbaridades"—, el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, le impidió continuar por considerar que violaba el reglamento. La negativa generó el malestar de Álvarez, quien apartó el micrófono de un golpe.

Como dato saliente, Tomás Cobos, hijo del Defensor del Pueblo saliente, votó a favor de Fernández alineado con el bloque oficialista, aunque se retiró del recinto instantes antes de que el nuevo funcionario prestara juramento. Fernández juró su cargo ante la presencia de los otros dos candidatos de la terna, cerrando así un proceso que dejó en evidencia las diferencias políticas en torno al rol y la estructura del organismo.