A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, el padre de la víctima encendió una nueva alarma judicial: denunció que la mayoría de las investigaciones ordenadas en 2019 contra personas vinculadas al poder político y policial nunca avanzaron y habrían quedado cerradas sin resolver. Alberto Lebbos calificó el escenario como un "escándalo judicial" que consolida lo que definió como una "estructura de impunidad" .

El origen de estas actuaciones se remonta al fallo dictado el 25 de febrero de 2019 por el tribunal integrado por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. En aquella sentencia se condenó por encubrimiento al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, al ex jefe de Policía Hugo Sánchez, al ex subjefe Nicolás Barrera, al ex segundo jefe de la Unidad Regional Norte Rubén Brito y al ex uniformado Walmiro Rodríguez. En paralelo, los magistrados dispusieron que se investigara a 42 personas por posibles delitos de falso testimonio, encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público .

Entre los nombres incluidos en esa nómina aparecían figuras de alto perfil institucional como el ex gobernador José Jorge Alperovich, el ex ministro de Seguridad Mario López Herrera, los ex jefes policiales José Díaz y Francisco Picón, la perito Lilia Moyano y el ex subsecretario de Seguridad José Ardiles, entre otros .

Investigaciones que no prosperaron

Según pudo reconstruirse, de las 42 personas que debían ser investigadas, solo seis enfrentaron algún tipo de proceso judicial. El resto habría quedado en libertad por falta de impulso fiscal, prescripción de las acciones penales o ausencia de imputaciones formales .

Uno de los casos más recientes es el de Raúl Antonio Ferreira, ex jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, quien fue sobreseído el 25 de febrero de 2026 por el juez Raúl Cardozo, del Juzgado de Instrucción Conclusional II. La defensa había solicitado la extinción de la acción penal por prescripción del delito que se le imputaba .

La situación generó la indignación de Alberto Lebbos. "Sigue funcionando esta estructura de impunidad", denunció en diálogo con Infobae al señalar que las maniobras judiciales se realizan "todo a la sombra" .

Traspasos fiscales y falta de respuestas

Inicialmente, los jueces encomendaron el análisis de estos casos al fiscal Diego López Ávila, quien había llevado adelante la investigación que desembocó en el juicio de 2018-2019. Pero en febrero de 2021, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia, el funcionario ya se encontraba a cargo de otra unidad, por lo que la responsabilidad pasó al entonces Fiscal Regional Mariano Fernández.

Durante su gestión, Fernández solicitó llevar a juicio por falso testimonio a Ramón Fernández, Jorge Jiménez y Raúl Ferreyra, y por encubrimiento a Francisco Picón, Ricardo Maruf y Virginia Mercado. Paralelamente, dispuso el archivo de otras actuaciones por entender que no existían delitos o que ya habían prescripto. En medio de esas decisiones fue removido del cargo y asignado a otra fiscalía .

Su reemplazante fue Fernando Blanno, sobre cuya actuación no trascendieron detalles concretos respecto a imputaciones, archivos o pedidos de elevación a juicio. Fuentes judiciales indicaron que tampoco habría impulsado acusaciones contra los investigados.

El ministro Fiscal Edmundo Jiménez sostuvo que el Ministerio Público no tiene actualmente causas pendientes derivadas del juicio principal, lo que implicaría que no restan expedientes por resolver .

Los pocos casos que sí avanzaron

De los 42 investigados, solo tres accedieron a juicios abreviados en los últimos meses. Jorge Hernán Jiménez, amigo cercano de Soto, fue condenado en marzo de 2025 a dos años de prisión condicional por falso testimonio. El ex subjefe de la Unidad Regional Norte, Vicente Francisco Picón, reconoció su responsabilidad en julio de 2025 por falsedad ideológica y recibió dos años de prisión condicional. Fernando Rodolfo Maruf, ex jefe de Inteligencia, fue condenado por encubrimiento agravado a tres años de prisión condicional, con la obligación de realizar cursos en Derechos Humanos y Violencia de Género .

Virginia Mercado, la amiga que fue la última persona en ver con vida a Paulina, también aceptó un juicio abreviado en febrero de 2026. Fue condenada a tres años de prisión condicional por encubrimiento, aunque no brindó detalles sobre lo que ocultó ni a quién protegió durante dos décadas .

Para Lebbos, estos acuerdos constituyen un "escándalo" porque se trata de delitos conexos a un homicidio, lo que debería impedir este tipo de beneficios procesales. "Estos mecanismos sirven para hacer pasaporte a la impunidad", sostuvo .

La línea narco y las hipótesis no investigadas

Con el correr de los años surgieron tres líneas de investigación con presuntos vínculos con el narcotráfico que, según especialistas, nunca fueron exploradas en profundidad. La primera vinculaba la relación de Soto con integrantes del Clan Acevedo, sospechados de dirigir una red de narcomenudeo en el barrio El Sifón. La segunda apuntaba a contactos con un importante narco salteño. La tercera, denominada "línea Aguaray", involucraba a Virginia Mercado y al círculo íntimo de Soto .

Estas hipótesis surgieron durante el segundo juicio, doce años después del crimen, y quedaron confirmadas en el debate que condenó al ex fiscal Carlos Albaca en 2021. En ese fallo, los jueces determinaron que el representante del Ministerio Público omitió investigar varias líneas, entre ellas las vinculadas al narcotráfico .

"Hay un vínculo, después de tantos años, que tiene que ver con alguna relación con el narcotráfico y que por eso también están blindadas estas cuestiones", sostuvo Alberto Lebbos, al deslizar una posible explicación sobre por qué aún no se sabe quién fue el autor del crimen .

El juicio contra Soto y Kaleñuk

En paralelo a esta denuncia, este lunes 2 de marzo comenzará finalmente el juicio contra César Soto, ex pareja de Paulina, y Sergio Hernán Kaleñuk, hijo del ex secretario privado de José Alperovich. Ambos están señalados como los presuntos autores materiales del crimen .

Lebbos manifestó su expectativa de que el tribunal y la fiscalía "estén a la altura" y reiteró que lo más importante será que los testigos declaren con honestidad. "Veinte años de impunidad es un llamado de atención para toda la sociedad", reflexionó .

Sin embargo, persisten dudas sobre el futuro del proceso. La posibilidad de que el crimen se esclarezca es remota: algunos de los mencionados accedieron a condenas condicionales sin brindar detalles sobre por qué encubrieron ni a quién protegieron, y el paso del tiempo es el principal enemigo de las investigaciones .

Para el padre de Paulina, la lucha continúa. "Esta lucha es muy denodada, muy injusta, pero seguimos pidiendo justicia para Paulina y para todas las víctimas de la impunidad como hace 20 años", concluyó .