Referentes de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán salieron a respaldar públicamente el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei y cuestionaron con dureza a los gobernadores que expresaron reparos por la propuesta de reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades.

A través de publicaciones en la red social X, el exministro del Interior y presidente de LLA Tucumán, Lisandro Catalán, defendió la iniciativa oficial. “La modernización laboral que está impulsando el presidente Javier Milei es clave para que más empresas inviertan y se instalen en la Argentina. Sin reglas modernas y sin alivio impositivo no hay empleo genuino ni crecimiento posible”, afirmó.

En ese marco, Catalán cuestionó las críticas de mandatarios provinciales, entre ellos el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. “Llama la atención —y preocupa— escuchar a varios gobernadores quejarse porque la reforma avanza en bajar el impuesto a las Ganancias. ¿De verdad el problema es que la gente y las empresas paguen menos impuestos?”, planteó. Y agregó: “Lo que en realidad no quieren bajar es el gasto político obsceno que sostienen en los estados provinciales”.

En la misma línea se expresó el diputado nacional de LLA Tucumán, Federico Pelli, quien afirmó que Milei “tiene claro que el camino de desarrollo para el país pasa por bajar impuestos que son un obstáculo para el crecimiento”. “El problema es que muchos gobernadores no quieren bajar el gasto político. Un ejemplo de esto es Tucumán: prefieren sostener privilegios y castas provinciales antes que aliviar al sector productivo”, sostuvo.

Las declaraciones de los referentes libertarios se producen en medio de la tensión entre el Gobierno nacional y las provincias por el contenido fiscal del proyecto. Los gobernadores sostienen que la reducción de alícuotas tendrá un impacto directo sobre los recursos coparticipables y condicionan su apoyo a un mecanismo de compensación.

En el caso de Tucumán, el gobierno de Jaldo advirtió que la medida podría generar una pérdida anual de $79.536 millones, poniendo en riesgo servicios esenciales.