El gobierno de la provincia de Tucumán avanzará esta semana en la creación del “Instituto José Gabriel del Rosario Brochero-Benjamín Paz”, un pabellón especial dentro de la Penitenciaría de Benjamín Paz destinado a albergar a menores acusados o condenados por homicidio. La decisión política fue tomada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien dio instrucciones para preparar la documentación legal que sustente la nueva dependencia.

La iniciativa llega en un contexto nacional donde se debate la baja de la edad de imputabilidad, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. En Tucumán, la propuesta se concretó tras el asesinato de Rodrigo Joaquín Ibarra en Alderetes, un hecho protagonizado por menores. “Muchas veces son menores cuando se los quiere juzgar, pero para matar no hay edad”, afirmó el gobernador Jaldo al fundamentar la medida, señalando que busca endurecer la respuesta estatal ante delitos graves cometidos por jóvenes.

El flamante instituto funcionará como un anexo dentro del establecimiento penitenciario de Benjamín Paz, ubicado en el municipio de Trancas, a unos 50 kilómetros de la capital provincial. Estará destinado a jóvenes en conflicto con la ley, con perspectiva de reinserción social, y operará en absoluta separación de la población carcelaria adulta. Contará con vigilancia especial a cargo de preceptores y cuidadores (no agentes penitenciarios), cocina propia, consultorios y un equipo de médicos, psicólogos y docentes. Su capacidad inicial será para 20 personas.

El proyecto establece que el alojamiento se realizará bajo todas las disposiciones internacionales, nacionales y provinciales de protección personal. El instituto dependerá del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

La elección del nombre rinde homenaje a la labor en cárceles del Cura Brochero, santo argentino canonizado en 2016. El gobernador Jaldo remarcó que el establecimiento fue pensado “para alojar a todas aquellas personas en conflicto con la ley” y que, si bien “nada puede reparar semejante daño”, es necesario “un Estado presente, que tome decisiones”.

La iniciativa ya ha generado análisis en el ámbito judicial, cuyas actividades se reanudarán el 31 de enero tras el receso de feria. Jueces de menores y defensores intentan establecer si el proyecto colisiona con normas de protección internacionales y nacionales. Mientras tanto, la intención del Poder Ejecutivo provincial es que los traslados de los primeros jóvenes alojados comiencen esta misma semana.