Los colegios de Abogados de Tucumán y del Sur promovieron una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de las Leyes N.° 9.987 y N.° 9.988, mediante las cuales se introdujeron modificaciones en la organización judicial y procesal de la provincia. Según sostienen ambas instituciones, la reforma compromete principios y garantías previstos por el sistema constitucional.

La presentación conjunta cuestiona las modificaciones impulsadas en la estructura del Poder Judicial al entender que afectan derechos como el juez natural, la defensa en juicio, la tutela judicial efectiva, la especialidad de los magistrados, la seguridad jurídica, la igualdad de armas en el proceso y el ejercicio profesional de la abogacía.

De acuerdo con lo planteado por las entidades, la reforma modifica más de veinte artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (N.° 6.238), además de introducir cambios en el Código Procesal Penal y en la Ley de competencia penal juvenil.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al nuevo sistema de competencias múltiples o "multifuero", que habilita a un mismo órgano judicial a intervenir en distintas materias de acuerdo con las necesidades que determine cada Centro Judicial. Para los colegios profesionales, la competencia material de los tribunales mantiene una relación directa con el debido proceso y con la idoneidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.

El comunicado difundido por las instituciones presididas por Alberto López Domínguez, por el Colegio de Abogados de Tucumán, y Eduardo Racedo, por el Colegio de Abogados del Sur, sostiene que las normas cuestionadas, pese a tener como objetivo declarado reorganizar y modernizar el servicio de justicia, afectan garantías esenciales del orden constitucional.

En la presentación también se afirma que cualquier ampliación de competencias debe preservar un grado suficiente de especialización para garantizar un acceso efectivo a la justicia. Según las entidades, criterios como la eficiencia administrativa o la reorganización territorial no deberían implicar una disminución en la calidad de las respuestas judiciales.

Respecto de los cambios estructurales, los colegios objetan la unificación, en el Centro Judicial Capital, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común con la Cámara en Civil en Documentos y Locaciones, que pasará a funcionar como un único órgano dividido en cinco salas. También cuestionan la reorganización del fuero penal mediante un Colegio de Jueces Penales integrado por 38 magistrados.

La demanda también hace referencia a las modificaciones previstas para los centros judiciales del interior. En Concepción, la reforma reduce a 14 el número de integrantes del Colegio de Jueces Penales y establece que las salas de la Cámara del Trabajo estarán conformadas por dos miembros en lugar de tres. En Monteros, dispone un Colegio de Jueces Penales de cinco integrantes y la unificación del Juzgado en lo Civil y Comercial Común con el de Documentos y Locaciones.

Según la presentación, estos cambios afectan la especialización de los tribunales y la independencia funcional de los órganos judiciales del interior de la provincia.

Otro de los aspectos objetados es la ampliación de competencias de los Juzgados de Paz Letrados. La reforma incorpora entre sus atribuciones procesos de divorcio sin efectos patrimoniales, regímenes comunicacionales, alimentos provisorios, guardas judiciales, desalojos con contrato escrito y demandas derivadas de relaciones de consumo.