El Poder Ejecutivo Nacional puso en consideración del Congreso el borrador del proyecto de Ley de Modernización Laboral, un cuerpo normativo de 182 artículos que busca modificar sustancialmente el Régimen de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744) e introducir transformaciones en materia fiscal.

La iniciativa legislativa abarca desde el ámbito de aplicación de la ley laboral hasta un nuevo esquema de impuestos y la derogación de normativas históricas. Entre sus puntos centrales, el proyecto redefine exclusiones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Establece que sus disposiciones no serán aplicables a dependientes de la Administración Pública nacional, provincial o municipal, salvo inclusión expresa; a contrataciones reguladas en el Código Civil y Comercial; a trabajadores independientes y sus colaboradores; y a trabajadores independientes de plataformas digitales.

En otro aspecto medular, el proyecto sustituye el artículo 9° de la LCT, que rige el principio de la norma más favorable al trabajador. La nueva redacción establece que dicho principio prevalecerá, pero el criterio de agrupamiento será "por instituciones" –el conjunto de normas que rige cada institución del derecho del trabajo– y no por la norma más favorable en abstracto. Asimismo, introduce que, en caso de "pluspetición inexcusable" en un juicio, las costas procesales deberán ser soportadas solidariamente entre la parte y el profesional actuante.

El texto también incluye un título dedicado al Régimen de Incentivo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de Inversión Productiva (RIMI). En materia impositiva, propone que los quebrantos fiscales generados a partir del 1° de enero de 2025 se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, deja sin efecto impuestos internos para seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, vehículos, embarcaciones y aeronaves.

Otras medidas fiscales contemplan la exención en el Impuesto a las Ganancias para las rentas derivadas del alquiler de inmuebles con destino a casa-habitación y, a partir de 2026, para el resultado de la enajenación de inmuebles. Para el sector agropecuario, se otorga a los titulares de establecimientos de invernada o engorde a corral la opción de elegir métodos específicos para valuar sus existencias ganaderas.

El Título XXV del proyecto contiene una extensa lista de derogaciones. Entre las normas y artículos que se eliminarían se encuentran artículos clave de la propia Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, el artículo 6 de la Ley N° 11.544 de Jornada Legal de Trabajo, y las leyes del Estatuto del Periodista Profesional (Nº 12.908) y del Estatuto del Viajante de Comercio (Nº 14.546).

El proyecto inicia ahora su trámite legislativo, donde será analizado en comisiones antes de su eventual debate en el recinto.