El Tribunal de Cuentas de Tucumán intensificó las acciones tendientes a esclarecer presuntas irregularidades en el flujo de fondos que la Caja Popular de Ahorros debe transferir al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA). Mediante el Acuerdo Nº 5183, fechado el 11 de noviembre de 2025, el organismo volvió a requerir información actualizada al sistema sanitario provincial, dando un nuevo impulso al Juicio de Responsabilidad iniciado por resolución del Acuerdo Nº 2492, del 12 de junio de 2024.

La medida se enmarca en un expediente —identificado como Nº 1366-270-SG-2024— que analiza la conducta administrativa y financiera vinculada al manejo de fondos que, según la normativa vigente, la Caja Popular de Ahorros debe transferir de forma “regular y completa” al Sistema Provincial de Salud, conforme los artículos 21° y 21° bis de la Ley Nº 5.115.

Una auditoría que encendió alarmas

El nuevo requerimiento del Tribunal de Cuentas se fundamenta en los resultados de la auditoría dispuesta por el Acuerdo Nº 4971-TC-24, la cual detectó “inconsistencias” en las transferencias que debían realizarse al sistema sanitario. Dichas irregularidades —según señala el Acuerdo Nº 5183— reflejarían incumplimientos en los aportes dinerarios, lo que motivó la apertura del proceso jurisdiccional actualmente en curso.

El Tribunal sostiene que es indispensable contar con datos actualizados para evaluar el alcance de las observaciones realizadas previamente. La insistencia en obtener esta documentación sugiere que las inconsistencias persisten o que el organismo de control busca cerrar cualquier margen de duda antes de avanzar hacia eventuales determinaciones de responsabilidad patrimonial o administrativa.

Un proceso que se profundiza

El pedido dirigido al SIPROSA tiene como objetivo incorporar nueva información al expediente y permitir que el proceso avance con mayor precisión. Aunque el Acuerdo Nº 5183 no detalla montos ni períodos afectados, subraya la importancia de determinar si la Caja Popular cumplió o no con los giros previstos por la ley, un punto central para el sostenimiento financiero del sistema público de salud.

La reiteración del requerimiento también pone en evidencia la preocupación del Tribunal respecto de la regularidad de los aportes y de la transparencia en el manejo de fondos públicos. La situación podría derivar en sanciones o en nuevas medidas de control, dependiendo de la información que el SIPROSA aporte en respuesta al Acuerdo.

Pasos a seguir

Con la documentación solicitada, el Tribunal de Cuentas evaluará si las inconsistencias señaladas en la auditoría mantienen vigencia, si fueron subsanadas o si, por el contrario, persiste un incumplimiento sistemático por parte de la Caja Popular. El avance del Juicio de Responsabilidad dependerá, en gran medida, de la claridad y completitud de los datos que remita el sistema de salud provincial.