El Poder Ejecutivo Provincial publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto N° 3156/8, que amplía el plazo de pago de los contratos de leasing firmados con las empresas de transporte agrupadas en la AETAT, a pocos días de destrabarse el conflicto que paralizó el servicio en la capital tucumana.

La resolución, firmada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el titular de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, concede a las empresas prestatarias una extensión de 18 meses en el plan de pagos y un período de gracia de seis meses. El objetivo declarado es evitar la devolución de las 100 unidades adquiridas en 2024 por la Provincia, por un monto que superó los 17 millones de dólares.

Según los fundamentos del decreto, la AETAT solicitó formalmente la flexibilización de los pagos, alegando la “difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia de la caída de la demanda debido al contexto económico social, el trabajo virtual que reduce desplazamientos, la proliferación de medios alternativos de transporte, la inconveniencia de aumentar las tarifas y los incrementos en los costos de prestación del servicio”.

Los contratos originales, celebrados en el marco del Decreto N° 353/8 del 20 de febrero de 2025, establecían un plazo de 36 meses consecutivos para la cancelación del capital y el pago de cánones mensuales calculados con un sistema de amortización alemán.

La Dirección de Programación Económica del Ministerio de Economía consideró “viable ampliar el plazo de pago de las unidades de 36 a 54 meses totales, otorgando así un período de gracia de seis meses en lo que refiere al capital adeudado, correspondiente a las cuotas de octubre 2025 a marzo de 2026”.

El decreto autoriza al Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial, Vicente Nicastro, a celebrar las adendas a los contratos de leasing con las empresas prestatarias. Además, establece una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para dichas adendas, con el fin de no generar mayores cargas tributarias sobre el sector.

De esta manera, el Gobierno provincial busca dar un respiro financiero a los empresarios del transporte automotor, garantizar la continuidad del servicio y evitar que las unidades recientemente incorporadas deban ser devueltas.