Tucumán posee la Legislatura más costosa del país, según el informe 2025 de la Fundación Libertad, que desde 2018 analiza el gasto de los cuerpos legislativos provinciales. El estudio, al que tuvo acceso este medio, detalla que cada legislador tucumano tiene un costo anual de $2.735 millones, la cifra más alta a nivel nacional.

El presupuesto total asignado a la Legislatura de Tucumán para el año en curso asciende a $134.037 millones, lo que representa el 3,9% del presupuesto provincial, el porcentaje más elevado entre todas las jurisdicciones. En comparación, el promedio nacional de gasto legislativo sobre el total provincial es del 1,34%. El documento destaca que este monto equivale al 44% de lo que la provincia destina a gastos de capital, es decir, casi la mitad de los recursos para infraestructura o equipamiento estatal.

La comparación con otras provincias refleja diferencias significativas. Mientras un legislador tucumano cuesta seis veces más que uno jujeño, Catamarca gasta casi seis veces más que San Luis, y Chaco duplica con creces el gasto de Misiones. El informe subraya que estas disparidades "muestran que no se trata de un fenómeno generalizado, sino de administraciones con estructuras políticas desproporcionadas".

El estudio también aborda el gasto en personal, que representa en promedio el 86% del presupuesto legislativo a nivel nacional. Aunque Tucumán no publica el desglose detallado, se estima que su proporción es aún mayor. En promedio, existen 26 empleados por cada legislador en las provincias argentinas, con casos extremos como Corrientes (72 empleados por legislador) y Chaco (70).

La comparación internacional con las legislaturas autonómicas de España revela que el gasto legislativo argentino es 2,9 veces superior, y el costo por legislador triplica al español. Tucumán, en particular, gasta 7,3 veces más por legislador que la Comunidad de Murcia.

El informe concluye que Tucumán simboliza "el elevado costo político que enfrentan las provincias argentinas", con una estructura administrativa "sobredimensionada" y una falta de transparencia presupuestaria que contrasta con los desafíos económicos y sociales de la población.