Una denuncia penal presentada ante el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, a cargo del magistrado José Manuel Díaz Vélez, centra la controversia en la gestión de un inmueble estatal vinculado a la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco.

Los comerciantes Cynthia Rosa Gaitán y Jhonathan David Aguilar, representados por el letrado Ernesto Baaclini, radicaron el pasado miércoles la presentación judicial. En ella, solicitan que se investigue un presunto alquiler irregular del local ubicado en pasaje Sargento Gómez 60, un inmueble propiedad del Estado Nacional administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Según consta en la denuncia, los locatarios afirmaron haber alquilado el inmueble directamente a Susana Trimarco mediante un contrato firmado el 7 de agosto de 2024 con su apoderado, Augusto Reinoso. Alegaron para ello un desembolso inicial de seis millones de pesos —parte en dólares— y un canon mensual de tres millones.

El escrito detalla que el conflicto surgió cuando el apoderado de la fundación, Carlos Abel Albarracín, los intimó a desalojar el local por incumplimientos contractuales, tildando su estadía de "ocupación ilegal". Los denunciantes rechazaron estas acusaciones y manifestaron haber pactado un arreglo extrajudicial con Trimarco.

Como prueba de su reclamo, los comerciantes adjuntaron copias de mensajes, comprobantes bancarios, videos y audios. Entre las evidencias se encuentra una grabación en la que, según su descripción, se escucha la voz de Susana Trimarco exigiendo el pago del alquiler.

En su pedido al juzgado, Gaitán y Aguilar solicitaron allanamientos en la sede de la fundación para secuestrar documentación contable, pagarés, registros de transferencias y los teléfonos de Trimarco y la tesorera del organismo, con el fin de acreditar los pagos realizados.

La Fundación María de los Ángeles, por su parte, emitió un comunicado negando toda relación con el inmueble allanado, el cual, aseguraron, se encuentra bajo la órbita estatal por una causa de trata de personas. Hasta la noche del jueves, la entidad afirmó no haber recibido notificación formal sobre la denuncia.