La jueza Martina Forns, del fuero Civil y Comercial de San Martín, ordenó este jueves la suspensión por seis meses de todos los actos administrativos derivados del Decreto 461/2025, que disolvió la Dirección Nacional de Vialidad. La medida, que hace lugar a un reclamo del gremio Sevina, impide al Gobierno nacional realizar reubicaciones, cesantías o supresiones de estructuras en el organismo.

En su resolución, Forns aplicó una medida cautelar de no innovar, argumentando que se deben evitar "perjuicios irreparables" hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. La magistrada destacó que la Constitución Nacional y los convenios de la OIT (con rango constitucional) protegen las condiciones laborales establecidas en normas colectivas vigentes.

El fallo bloquea temporalmente los efectos del decreto de Milei, que buscaba extinguir Vialidad Nacional como parte de su plan de reforma del Estado. Sin embargo, la jueza no se pronunció sobre la posible inconstitucionalidad del DNU, por considerar que requiere un análisis más profundo y pruebas adicionales.

La decisión judicial llega en un contexto de tensión entre el Gobierno y los sindicatos, que han presentado múltiples recursos contra las medidas de ajuste. En este caso, Sevina logró una protección inmediata para sus afiliados, aunque la disputa legal recién comienza.

El Poder Ejecutivo ahora deberá abstenerse de aplicar el decreto hasta que la Justicia resuelva definitivamente. Mientras tanto, Vialidad Nacional continuará operando bajo su estructura actual, sin cambios en su personal ni funciones.