La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo alcanzó su punto más crítico este jueves cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó como "golpe institucional" la sesión del Senado donde la oposición debate aumentos jubilatorios y emergencias sociales. En declaraciones radiales, el ministro adelantó un doble mecanismo de bloqueo: "Vetaremos y judicializaremos cada proyecto aprobado por considerarlos ilegítimos".

Francos fundamentó la postura oficial en dos ejes: la supuesta ilegalidad de la sesión autoconvocada y el impacto fiscal de las iniciativas. "El kirchnerismo ya destruyó el sistema previsional. Hoy buscan imponer gastos sin recursos para sabotear nuestro ajuste", afirmó. Los proyectos en debate incluyen subas del 7.2% a haberes, un bono de $110.000, moratorias y coparticipación de impuestos a combustibles.

Pese al tono confrontativo, el jefe de Gabinete minimizó el impacto concreto: "Ninguna de estas medidas pone en riesgo nuestro equilibrio fiscal". Analistas consultados señalan que la estrategia busca evitar un efecto dominó en provincias, donde gobernadores de distintos signos políticos reclaman fondos adicionales.

El conflicto revela una fractura institucional inédita: por primera vez un gobierno amenaza con judicializar leyes por "vicios de forma" antes incluso de su sanción. Expertos constitucionalistas advierten que esta postura podría crear un peligroso precedente sobre la autonomía del Congreso.

Con el Senado avanzando en las votaciones y La Rosada preparando los vetos, el escenario parece encaminarse hacia una pulseada judicial que prolongaría el conflicto por meses. Mientras tanto, los beneficiarios de las medidas sociales -especialmente jubilados y personas con discapacidad- quedan atrapados en esta batalla de poderes.