Con una asistencia que alcanzó el número mínimo necesario, el oficialismo dejó habilitada este jueves la sesión del Senado en la que planea tratar la ratificación de pliegos judiciales y el proyecto vinculado a la inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, pasadas las primeras horas de la tarde, fuentes parlamentarias hicieron circular versiones acerca de una posible postergación del debate sobre ese último texto. La razón, indicaron, es que La Libertad Avanza no lograría reunir las adhesiones requeridas para convalidar los artículos que eliminan las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros. De concretarse la dilación, la iniciativa pasaría a discutirse en agosto.

De acuerdo con la información proporcionada por las mismas fuentes, si el Gobierno no consigue aprobar el proyecto de propiedad privada en esta oportunidad, se tratará de la cuarta vez que la iniciativa queda en suspenso ante la imposibilidad de construir los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas.

El escenario es distinto en materia de designaciones judiciales. El oficialismo sí contaría con los votos para aprobar 29 pliegos. Entre ellos figura la prórroga del nombramiento del camarista Víctor Pesino, quien debe obtener el aval legislativo antes del próximo 27 de julio, cuando cumplirá 75 años. De no hacerlo, corre riesgo de no poder continuar en el cargo. Pesino ya presentó un recurso de amparo para permanecer en funciones más allá de esa fecha, previendo una eventual postergación del tratamiento de su pliego.

La nómina incluye además a Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, propuesto para el juzgado de Lomas de Zamora. Ese tribunal tendrá bajo su órbita la causa que involucra al ex intendente de ese municipio, Martín Insaurralde, y a la modelo Jésica Cirio. Con la ratificación de estos pliegos, el Gobierno habrá designado 110 cargos en los últimos meses, sobre un total de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial.

El quórum se alcanzó con la presencia de 21 senadores de La Libertad Avanza, 10 de la Unión Cívica Radical, 2 del macrismo, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero y 1 de La Neuquinidad. No dieron quórum, en cambio, los bloques Convicción Federal —conducido por la peronista Carolina Moises—, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, Independencia y Provincias Unidas.

La sesión se desarrolló bajo un clima interno tenso. La vicepresidenta Victoria Villarruel no quería convocarla, según surge de un intercambio de mensajes de texto que mantuvo con la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?", le reprochó Villarruel. Hacia el final de esa conversación, la Vicepresidenta escribió: "Andá a chuparle las medias a Karina". La respuesta de Bullrich fue: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Qué establece el proyecto sobre tierras y desalojos

El texto que el oficialismo intenta convertir en ley elimina los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras y establece que las provincias deberán autorizar esas operaciones. Se prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización de la provincia donde se ubica el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional. En zonas de frontera, se requerirá el aval de los gobiernos nacional y provincial.

La iniciativa incorpora la figura del silencio administrativo: si en un plazo de 180 días no hay reparos del gobierno nacional ni del provincial, el comprador se convierte en propietario de pleno derecho. El dictamen, en su decimotercera versión, mantuvo la prohibición de adquirir tierras para empresas privadas con capital de un país extranjero y la exigencia del triple aval —provincias, Gobierno y Congreso Nacional— en zonas fronterizas.

Sobre los desalojos, se contempla un procedimiento exprés para inmuebles usurpados o con tenedores precarios. El juez podrá disponer la entrega inmediata si el derecho invocado resulta verosímil y previa caución juratoria. A pedido del propietario, y con prueba documental de titularidad, el magistrado podrá intimar la devolución del inmueble en 72 horas.

En el caso de inquilinos con deudas en sus contratos, el propietario deberá enviar una carta documento otorgando un mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación, contados desde la recepción de la notificación, que también podrá cursarse por correo electrónico al domicilio denunciado en el contrato. Si el incumplimiento persiste, la acción de desalojo se tramitará en un plazo de 10 días hábiles. El proyecto aclara que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni imponer condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar constancia escrita de deudas pendientes para reclamarlas con posterioridad.

Cuando en el inmueble haya menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo que no excederá los 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin que ello impida la continuidad del proceso.