El juez Fabián Rojas definirá hoy un punto crucial en la investigación que sacude al sur tucumano: si la causa por presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero que involucra a exfuncionarios de Alberdi pasará a la Justicia Federal. La fiscal Mónica García de Targa sostiene que la magnitud del caso —que incluye contratos millonarios, presiones policiales y hasta indicios de homicidios— excede el ámbito provincial. Cuatro excolaboradores del exintendente Luis Campos ya están detenidos, acusados de integrar una organización criminal.

Las pruebas incluyen transferencias a empresas fantasma como "Giménez Producciones" (que habría cobrado $500 millones), pagos a la imprenta de la hija del exsecretario de Hacienda, y obras públicas irregulares. La fiscal destacó que el grupo mantendría influencia incluso tras la intervención municipal, con intentos de borrar evidencias. "El audio viralizado revela un entramado con incidencia estructural en el Estado", advirtió, refiriéndose a diálogos donde se mencionarían presiones a la policía.

Las defensas de los detenidos —José Roldán, Pablo Barrionuevo, Albano Loru y José Funez— impugnaron el traslado al fuero federal. Sus abogados argumentan vicios procesales y cuestionan la competencia del Ministerio Público Fiscal. Mientras, Roque "Chipi" Giménez, señalado como operador clave, sigue sin cargos formales por asociación ilícita.

Si Rojas acepta el pedido fiscal, el caso pasaría al sistema federal, que deberá ratificar su competencia y revisar las prisiones preventivas. La decisión marcará un precedente en Tucumán, donde nunca antes una investigación por narcopolítica había avanzado tanto. Para Alberdi, golpeada por el escándalo, este fallo podría redefinir responsabilidades judiciales y políticas en medio de una crisis institucional sin precedentes.