El Senado retomó este miércoles el debate sobre la posible ampliación de la Corte Suprema, con foco en la paridad de género y la reorganización del máximo tribunal. En un plenario de comisiones, expositores presentaron visiones divergentes: mientras la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) impulsó un cupo femenino, constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez pidieron una reforma más amplia que incluya una nueva ley orgánica.

María Esther Cafure de Battistelli (AMJA) destacó la necesidad de "discutir la implementación de un cupo" para reflejar la diversidad en la Justicia. En contraste, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, se opuso a modificar el número de miembros, argumentando que la crisis de confianza institucional exige "estabilizar primero" el tribunal.

Sobre la cantidad ideal de integrantes, Gil Domínguez sugirió entre 9 y 13, basado en antecedentes históricos, pero advirtió que cambios aislados "no garantizan una reorganización eficaz". Liliana Piccinini, jueza de Río Negro, enfatizó que la paridad debe ser un "derecho, no una concesión", y llamó a fortalecer políticas de género en todos los niveles judiciales.

Los proyectos en discusión varían desde aumentar la Corte a 7 miembros (propuesta que el peronismo podría apoyar) hasta 15, como plantea el kirchnerismo. La senadora Mónica Silva y el senador Juan Carlos Romero promueven llevarla a 9, aunque sin consenso aún sobre el mecanismo de designación.

El debate continuará después del receso de julio, con un dictamen previsto para agosto o septiembre. Mientras tanto, los expositores coincidieron en la necesidad de acuerdos políticos transparentes, lejos de "loteos" partidarios, para asegurar la legitimidad de las reformas.