La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación contra las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 a las visitas que recibe la ex presidenta en su prisión domiciliaria. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentan que exigir autorización judicial previa para reuniones con dirigentes "afecta sus derechos políticos y partidarios", según consta en documentos judiciales a los que tuvo acceso este medio.

El conflicto surgió tras la recepción de 702 solicitudes de visita —todas derivadas por el juez Jorge Gorini a la defensa— luego de que el abogado Gregorio Dalbón difundiera el correo electrónico del tribunal. La norma vigente solo permite acceso libre a un listado cerrado de familiares, abogados, custodios y médicos. Para cualquier otra persona, se exige fundamentación caso por caso, lo que según los letrados genera un "desgaste jurisdiccional innecesario".

En su apelación, la defensa sostiene que la prisión domiciliaria solo debe implicar "acatar la restricción ambulatoria" y que cualquier limitación adicional carece de base legal. "Supone una potestad complementaria no prevista normativamente", señala el escrito dirigido a la Sala IV de Casación, integrada por los mismos jueces (Borinsky, Hornos y Barroetaveña) que confirmaron la condena a Kirchner en la causa Vialidad.

El tribunal ahora deberá resolver si mantiene el sistema de filtros judiciales o flexibiliza el régimen de visitas. La decisión sentará un precedente sobre los alcances de las restricciones en penas domiciliarias para figuras políticas. Mientras, Gorini continúa remitiendo todas las nuevas solicitudes a los abogados defensores para su evaluación previa.