El Gobierno nacional modificó este martes la asignación presupuestaria vigente mediante el DNU 425/2025, priorizando áreas críticas como salarios públicos, subsidios energéticos y equipamiento sanitario. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se ampara en la emergencia económica declarada hasta diciembre de 2025 y busca "evitar el colapso de servicios esenciales", según el texto.

Entre los principales ajustes, se destinan fondos adicionales a hospitales nacionales (como el Garrahan y El Cruce), universidades públicas y la ANSES para cubrir la movilidad previsional. El Ministerio de Seguridad recibirá más recursos para la Policía Federal y la lucha contra el crimen organizado, mientras que Defensa incrementará haberes militares y pensiones castrenses.

El decreto también prorroga por una década las pensiones graciables bajo condiciones estrictas: los beneficiarios no podrán ser propietarios de inmuebles valuados en más de $7 millones ni tener vínculos con legisladores. Además, obliga a organismos públicos a invertir sus excedentes de liquidez en títulos del Tesoro, exceptuando bancos estatales y los poderes Legislativo y Judicial.

La normativa incluye mecanismos de transparencia, como informes mensuales sobre flujo de fondos, y justifica los cambios en la "necesidad de distribución razonable de recursos". Los refuerzos presupuestarios se financiarán con mayores ingresos fiscales y reasignaciones internas, sin especificar montos totales.