El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó la detención del exintendente de Juan Bautista Alberdi, Luis "Pato" Campos, su exsecretario de Hacienda José Roldán y el empresario Roque "Chipi" Giménez, en una causa que investiga presuntas irregularidades en obras públicas, lavado de activos y vínculos con el narcotráfico. La medida no pudo extenderse a la legisladora Sandra Figueroa —esposa de Campos— debido a su fuero parlamentario, aunque su teléfono fue secuestrado en allanamientos.

Gendarmería Nacional ejecutó registros en las viviendas de los imputados, donde incautó celulares, computadoras y documentación sensible. En el caso de Giménez, se verificó que su empresa —Giménez Consulting Groups— no operaba en la dirección declarada. Estas acciones se coordinaron con procedimientos paralelos ordenados por la fiscal provincial Mónica García de Targa, lo que revela el alcance interjurisdiccional de la investigación.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez respaldó la pesquisa tras superar un vicio procesal inicial, e impuso inhibiciones generales de bienes sobre los cuatro investigados principales para asegurar eventuales recuperos. El fiscal también obtuvo colaboración del gobierno provincial: la fiscal de Estado Gilda Pedicone remitió el decreto de intervención municipal firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, y el interventor Guillermo Norry fue instruido para facilitar toda la documentación requerida.

El eje de la investigación apunta a reconstruir movimientos financieros, contrataciones y adjudicaciones de obras entre 2017 y la actualidad. Fuentes judiciales admitieron que el proceso será "largo y complejo", mientras peritos analizan el material incautado. El fiscal podrá citar a indagatoria a los imputados cuando considere oportuno, un paso decisivo para definir sus situaciones procesales.

La causa marca un punto de inflexión en el escrutinio a la gestión de Campos, combinando recursos federales y provinciales. Aunque Figueroa mantiene protección temporal por sus fueros, la pesquisa avanza sobre evidencias concretas, desde papeles clave hasta rastros digitales, en un caso que ya exhibe ramificaciones multisectoriales.