El Honorable Concejo Deliberante de Las Talitas vivió una sesión tensa y cargada de cuestionamientos el pasado 12 de junio de 2025, al tratar el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa las obras de pavimentación en la calle William Cross, una arteria estratégica de la ciudad.

La polémica radica en que la obra ya había sido ejecutada y difundida públicamente semanas antes, según se constató en las redes oficiales del municipio. Sin informes técnicos, sin presupuesto visible y sin licitación previa, el expediente fue aprobado por cinco concejales oficialistas, pese al rechazo frontal de la oposición, que denunció un intento de legalizar a posteriori una obra millonaria.

“Nos están observando”

Uno de los discursos más severos fue el del concejal Juan García (Juntos por el Cambio), quien no solo pidió que se retire su firma del dictamen favorable, sino que advirtió: “Hay señales que no estamos viendo. Hace poco, medios nacionales informaron que municipios tucumanos manejaron fondos millonarios de forma indebida: Banda del Río Salí, Lules, Famaillá. ¿Qué más necesitamos para entender que nos están observando?”.

Y continuó: “¿Vamos a aprobar en forma directa una contratación por 600 millones de pesos? ¿Qué empresa la hizo? ¿Cómo se hizo? Ya la obra está, ya el crédito político está, ya el empresario cobró. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de no mirar para otro lado. Si no, terminamos declarando en una fiscalía”.

García recordó que durante su paso por la Secretaría de Hacienda fue la contadora general quien evitó errores en licitaciones por detalles mínimos: “Hoy esa garantía institucional no existe. Estamos siendo muy inocentes”.

“Esto es más oscuro que claro”

El concejal Antonio Evaristo Iñigo se expresó en términos igualmente críticos: “Este proyecto le da vía libre al Ejecutivo para las contrataciones directas. ¿Y los concejales? Nos ignoran totalmente. ¿Qué urgencia hay? ¿Qué impide que esperemos 20 días para hacer las cosas como corresponde?”.

Iñigo fue aún más tajante: “Las contrataciones directas no tienen que estar. Existen los cotejos de precios, los pliegos, los procesos licitatorios. Este expediente es oscuro. Lo que aprobamos debe estar claro, no claro oscuro. Yo quiero dormir tranquilo, sabiendo que lo que votamos resiste cualquier auditoría”.

En su intervención final, conectó lo ocurrido con antecedentes institucionales recientes: “No olvidemos lo que pasó en Alberdi. La ciudad fue intervenida porque los concejales no ejercían el rol de contralor. Hoy, acá, estamos frente a una situación que va en la misma dirección”.

“La obra ya está hecha”

El concejal Ignacio Ramos (Fuerza Republicana), autor junto a García del dictamen en minoría, señaló que la repavimentación “fue inaugurada a fines de mayo, y recién ahora llega el expediente. Estamos actuando a dedo. La ciudadanía nos votó para hacer cumplir la ley, no para ser un sello de goma”.

Ramos pidió que el proyecto vuelva a Comisión de Cuenta y que se convoque a los secretarios de Obras Públicas, Hacienda y a la contadora general. “Este dictamen no busca trabar la obra, busca poner luz. ¿Qué cuesta esperar unas semanas y hacerlo bien?”.

También otro concejal que pidió la palabra se expresó en la misma línea: “Para la tranquilidad de los diez concejales, este proyecto debería volver a comisión. Que nos expliquen cuánto cuesta el metro cuadrado, quién lo cobra. Si está todo bien, se aprueba. Si no, también sabremos qué está mal”.

Un pedido ignorado

Pese a los reclamos, el presidente del cuerpo, Víctor Hugo Safe, no sometió a votación el dictamen de minoría. Solo se votó el proyecto impulsado por los concejales Ortiz, Suelza, Yunoki, Martín y el propio Safe, que fue aprobado por cinco votos afirmativos.

El secretario del Concejo argumentó que “el presidente vota con la mayoría” y que “no tiene sentido votar una moción de minoría que ya perdió”.

Para la oposición, esa decisión anuló toda posibilidad de debate real: “Estamos siendo obviados. Es como si no existiéramos”, dijo Iñigo. “El Concejo no está para legitimar lo hecho, sino para controlar lo que se va a hacer. Esto es una falta de respeto institucional grave”.

Denuncia ciudadana y pedido de informes

La controversia estalló tras reiteradas publicaciones del vecino Juan Simón Rivas, quien denunció desde redes sociales la ejecución irregular de obras municipales sin presupuestos públicos. La Papa constató que el Municipio de Las Talitas anunció los trabajos en William Cross desde mediados de mayo, confirmando que la obra fue concluida antes del tratamiento legislativo.

En respuesta, los concejales Ramos y García presentaron un pedido formal de informes dirigido a la intendenta Marta Najar, quien deberá responder en un plazo máximo de 48 horas:

• Detalle de todas las obras de pavimentación desde 2024.
• Empresas adjudicatarias.
• Monto total invertido y forma de contratación.
• Valor del metro cuadrado.
• Modalidad constructiva (adoquines o pavimento flexible).

“Tenemos derecho a saber cómo se usan los recursos públicos”, afirmó Ramos. “Si no hay respuesta, iremos a la justicia”.

García fue directo: “La mejor forma de garantizar transparencia es auditar. La ciudadanía exige rendición de cuentas y nosotros tenemos el deber de hacerlo posible”.

Lo que ocurrió el 12 de junio en Las Talitas es más que una controversia administrativa. Es una señal clara de las tensiones internas de un sistema institucional que, cuando no se respeta, erosiona la confianza pública.

Una obra ejecutada sin autorización, una votación dividida, un expediente sin informes, un Concejo fragmentado. Y al fondo, una pregunta que se multiplica en la voz de los vecinos: ¿quién controla al poder cuando el poder decide obviar los controles?