Un proyecto ingresado a la Legislatura de Tucumán propone crear un Régimen Especial de Protección Integral para Testigos en causas de narcomenudeo, reformando la Ley Provincial 7860. La iniciativa, impulsada por el peronista Carlos Najar y respaldada por legisladores oficialistas y opositores, busca garantizar anonimato, seguridad física y apoyo psicosocial a quienes declaren en casos de venta o distribución minorista de drogas. El texto advierte que el narcomenudeo genera "violencia directa e intimidación comunitaria", y critica filtraciones de identidades por parte de operadores judiciales.

El régimen establece medidas automáticas, como omisión de datos personales en documentos, declaraciones con voz e imagen distorsionadas por videoconferencia, y exclusión de público en audiencias. También incluye custodia policial, relocalización temporal, subsidios y asistencia médica o legal. Las protecciones alcanzan a testigos, denunciantes y sus familias, y se mantendrán "mientras subsista el riesgo", con evaluaciones periódicas. Un juez podrá activarlas de oficio o a pedido del fiscal.

El proyecto prevé sanciones ejemplares para quienes filtren información: suspensión hasta 6 meses para funcionarios, denuncias disciplinarias para abogados y hasta causas penales por encubrimiento agravado. Además, autoriza al gobierno provincial a firmar convenios con organismos nacionales e internacionales para reforzar los mecanismos, sin afectar el derecho de defensa de los imputados.

La reforma se alinea con tratados como la Convención de Palermo contra el crimen organizado. Según Najar, "el narcomenudeo exige herramientas específicas: hoy, un testigo puede ser amenazado hasta en su barrio". Con esta ley, Tucumán busca romper el muro de silencio que protege a las redes locales de drogas.