El Gobierno aseguró que la eventual detención de Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, se realizará de manera "respetuosa" y sin "montar un show", en alusión a las polémicas imágenes de la detención del exvicepresidente Amado Boudou en 2017. Fuentes oficiales señalaron que buscan evitar un operativo mediático, distanciándose de lo que calificaron como prácticas del gobierno anterior.

El Tribunal Oral Federal 2 tiene cinco días hábiles para definir si la exmandataria deberá presentarse en Comodoro Py o si accederá a la prisión domiciliaria solicitada por su defensa. Desde el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, confirmaron su participación en las discusiones, aunque abogados de Fernández de Kirchner insistieron en que la decisión final corresponde al Poder Judicial.

Los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron un escrito para que la ex presidenta cumpla la condena en su departamento de Recoleta, argumentando que las condiciones de seguridad pueden garantizarse sin necesidad de una alcaldía. Gregorio Dalbón, otro de sus abogados, descartó la injerencia de Seguridad en la decisión y criticó a Bullrich por "buscar protagonismo".

En paralelo, Dalbón inició acciones ante la Corte Penal Internacional y prepara un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es revisar la sentencia y recusar a los jueces que confirmaron la condena, en lo que sería una última instancia de apelación.

Mientras tanto, en el Ejecutivo prevalece un clima de incomodidad frente al fallo de la Corte Suprema, aunque insisten en tratarlo como un proceso judicial y no político. La situación, sin precedentes por tratarse de una expresidenta que además sobrevivió a un atentado, sigue generando tensiones en el oficialismo y la oposición.