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29 de mayo de 2025

Corte Suprema confirma condenas en la "ruta del dinero K"

Lázaro Báez y otros 21 imputados tendrán penas firmes por lavado de US$55 millones, en un fallo que cierra años de investigación.

La Corte Suprema de Justicia cerró un capítulo clave de la megacausa "ruta del dinero K" al declarar inadmisibles los recursos presentados por Lázaro Báez y otros 21 condenados por lavar más de US$55 millones entre 2010 y 2013. El fallo, firmado por los ministros Rosatti y Lorenzetti junto a dos conjueces, convierte en definitiva la sentencia que impuso 10 años de prisión al empresario kirchnerista y ratifica penas de hasta 6 años y medio para sus socios.

La decisión se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil, que permite rechazar planteos sin fundamentación. Solo el ministro Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar necesaria la intervención de la Procuración General. El Tribunal Oral Federal 4 deberá ahora calcular el tiempo de prisión efectiva y aplicar multas récord: hasta US 328 millones, más el decomiso de activos por U65 millones.

El caso, iniciado en 2013 tras una investigación periodística, tomó notoriedad pública en 2016 con la difusión del video de "La Rosadita", donde se veía al hijo de Báez manipulando grandes sumas de dinero. La Justicia probó que la estructura utilizó empresas fantasmas, facturas apócrifas y operaciones internacionales para blanquear fondos, muchos provenientes de contratos públicos de Austral Construcciones.

Entre los condenados figuran Martín Báez (6 años y medio), Daniel Pérez Gadín (6 años) y el ex colaborador Leonardo Fariña (3 años y medio). Solo las hijas del empresario fueron absueltas por falta de pruebas. Mientras tanto, la situación de Cristina Kirchner sigue en etapa de instrucción tras la revocación de su sobreseimiento.

Con este fallo, la "ruta del dinero K" se consolida como uno de los expedientes anticorrupción más emblemáticos de la última década, con condenas firmes y sanciones económicas sin precedentes. El cierre del proceso judicial marca un hito en casos de lavado de activos vinculados a la obra pública.

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