El Gobierno nacional oficializó este jueves una reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, que modifica la Ley 25.871 con criterios más exigentes para el ingreso y permanencia de extranjeros. Entre los cambios destacan la simplificación de procesos de deportación para condenados por delitos, controles fronterizos reforzados y la creación de una Agencia de Ciudadanía por Inversión para atraer capitales extranjeros.

En materia social, el texto garantiza el acceso a educación básica y atención de emergencias sanitarias incluso para indocumentados, pero establece que los no residentes permanentes deberán pagar por servicios de salud habituales en hospitales nacionales. Para educación superior, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque se mantienen las becas en casos excepcionales.

El decreto introduce nuevas obligaciones como la presentación de una declaración jurada al ingresar al país explicando los motivos de la visita, con sanciones más duras para quienes utilicen documentación falsa o ingresen irregularmente. Paralelamente, busca regularizar la situación de inmigrantes que ya se encuentran en el territorio nacional.

Las autoridades justifican las reformas como una adaptación a los "crecientes flujos migratorios", buscando equilibrar la apertura tradicional del país con mayores controles de seguridad. El texto enfatiza que los cambios preservan los derechos fundamentales de los migrantes mientras exigen mayor claridad en su situación legal.