Las provincias enfrentan un recorte estimado de $1 billón en fondos coparticipables tras dos medidas de ARCA: la modificación de los anticipos de Ganancias (ahora en 9 cuotas de 11.11% en lugar de 8.33%) y la eliminación de las retenciones de IVA en importaciones. El gobierno de La Pampa, representado por el subsecretario de Ingresos Alejandro Vicente, denunció que estas decisiones —tomadas sin aviso— reducen la masa automática de recursos que reciben las jurisdicciones.

El impacto fue discutido en el encuentro "Una hoja de ruta hacia un futuro federal" en Paraná, donde gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) coincidieron en que el Gobierno nacional "busca controlar políticamente a las provincias" mediante el estrangulamiento fiscal. Vicente comparó la situación con 2017, cuando el gobierno de Macri aplicó una estrategia similar previo a elecciones.

Según La Pampa, el ajuste llega en el peor momento: mientras Nación se beneficia del repunte de las retenciones agrícolas, las provincias enfrentan caídas en regalías petroleras y otros ingresos. "Nos dejan sin herramientas para cumplir con pagos básicos", afirmó Vicente, aunque aclaró que su jurisdicción aún puede cubrir obligaciones. Otras, como Chubut o Santa Fe, ya habían alertado sobre riesgos de default provincial.

El subsecretario cuestionó que ARCA actúe sin aval del Congreso: "Tienen facultades para modificar plazos de cobro, pero esto afecta la proyección presupuestaria provincial". Ante esto, los gobiernos subnacionales evalúan presentaciones judiciales y medidas defensivas, como ya ocurrió en 2017.

El conflicto profundiza la grieta Nación-provincias en un año electoral. Mientras el oficialismo argumenta que busca ordenar las cuentas públicas, los mandatarios acusan "asfixia premeditada". Con el 15% de los recursos coparticipables en juego, la pulseada promete escalar en las próximas semanas.