La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó este martes un dictamen para reformar el Régimen Penal Juvenil, bajando la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves como homicidios, violaciones o robos con armas. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, contó con el respaldo de bloques como PRO, UCR e Innovación Federal, y ahora pasará al recinto para su debate en las próximas semanas.

La iniciativa divide aguas: mientras el oficialismo argumenta que es necesaria para combatir la inseguridad, la oposición —liderada por Unión por la Patria y la izquierda— la rechaza por considerar que "criminaliza a los jóvenes" sin abordar las causas sociales de la violencia. Organismos de derechos humanos también cuestionaron la medida, recordando que Argentina suscribió tratados internacionales que protegen los derechos de los menores.

El dictamen establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados bajo un sistema penal diferenciado, con penas en centros especializados y no en cárceles comunes. Sin embargo, críticos señalan que el país no cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar esta reforma.

El ministro de Justicia, Martín Soria, defendió el proyecto: "No se trata de llenar las cárceles de niños, sino de dar una respuesta firme cuando hay delitos graves". En tanto, diputados opositores advirtieron que presentarán recursos legales si la ley se aprueba.

El debate en el recinto promete ser tenso, en un contexto donde la inseguridad lidera las preocupaciones ciudadanas. Mientras el oficialismo apura su tratamiento, las organizaciones sociales ya anunciaron movilizaciones para rechazar lo que llaman "un retroceso en derechos humanos".