La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este miércoles un nuevo plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización al Congreso en respaldo al reclamo de los jubilados. La estrategia, acordada junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones sociales, contempla una sucesión de protestas que podrían desembocar en un paro general de 24 o 36 horas, aunque esa medida todavía no tiene fecha.

La primera convocatoria será a las 15 frente al Congreso y marcará el inicio de un cronograma de acciones que continuará el 7 de agosto con la tradicional movilización por el Día de San Cayetano. Posteriormente, las organizaciones prevén realizar una concentración frente al Ministerio de Economía para cuestionar el endeudamiento familiar, participar de la Semana Social de la Iglesia, marchar por el Día de la Industria el 2 de septiembre, acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre y movilizarse nuevamente cuando sea convocado el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según el esquema definido por las centrales sindicales, esa sucesión de actividades buscará generar las condiciones políticas y sociales para concretar una protesta nacional de mayor alcance mediante un paro general.

La estrategia cambió y prioriza las movilizaciones

Aunque inicialmente algunos dirigentes evaluaban replicar el modelo de protestas desarrollado en Francia durante el tratamiento de la reforma jubilatoria impulsada por Emmanuel Macron en 2023, basado en paros sectoriales y movilizaciones sostenidas durante varias semanas, finalmente la conducción cegetista optó por un esquema de menor intensidad.

De acuerdo con la evaluación realizada por dirigentes sindicales, el contexto actual no garantizaría un alto nivel de adhesión a medidas de fuerza prolongadas debido al impacto económico que podrían tener sobre los trabajadores y al temor de que afecten la estabilidad laboral.

Ese diagnóstico llevó a privilegiar las movilizaciones callejeras y otras acciones de menor riesgo para los empleados, con el objetivo de ampliar el respaldo social, especialmente entre sectores de clase media.

Asambleas, acciones informativas y paro docente

Además de las marchas, el plan contempla la realización de asambleas en los lugares de trabajo y "acciones disruptivas", entre ellas la distribución de material informativo en estaciones ferroviarias y aeropuertos de distintas provincias.

En paralelo, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT impulsa un paro nacional docente para agosto. La medida sería encabezada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, y contaría con el acompañamiento de CTERA y otros sindicatos del sector educativo.

La central obrera también resolvió fortalecer el trabajo conjunto con las delegaciones regionales y abrir canales de diálogo con entidades empresariales del interior del país para explorar acciones comunes. Según la visión compartida por los dirigentes sindicales, empresarios y trabajadores serían afectados por el actual modelo económico.

Asimismo, se acordó que entre 15 y 20 dirigentes de cada gremio acompañen conflictos laborales que se desarrollen tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en otras provincias.

El trasfondo de las negociaciones con el Gobierno

El inicio del plan de lucha coincide con la difusión de las negociaciones reservadas que mantuvieron dirigentes dialoguistas de la CGT con funcionarios nacionales para modificar aspectos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral.

Como resultado de esas conversaciones, el Gobierno publicó el decreto 612, que introdujo cambios sobre dos mecanismos vinculados al financiamiento sindical.

Por un lado, la reglamentación original utilizaba el salario básico convencional como base para calcular las cuotas solidarias y otros aportes establecidos en convenios colectivos, criterio que reducía el monto de esos ingresos.

Por otro, la interpretación del límite del 2% previsto para las cuotas solidarias también alcanzaba aportes empresariales destinados, mediante convenios colectivos, a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio y mejoras en las obras sociales.

La modificación introducida por el decreto dejó sin efecto esos alcances, preservando ambos mecanismos de financiamiento para las organizaciones sindicales.

Pese a esa rectificación, la CGT ratificó el cronograma de protestas. En ese contexto, quedó planteado el interrogante sobre una eventual convocatoria del Gobierno al diálogo para intentar descomprimir el conflicto, una posibilidad que, según el escenario descripto por los propios dirigentes sindicales, hoy aparece lejana en medio del inicio de la campaña electoral.