El sitio El Federalista publicó este fin de semana un artículo en el que expone una nueva investigación periodística sobre el patrimonio atribuido al diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros y a personas de su entorno, incorporando un inmueble ubicado en Tafí del Valle como parte de los bienes analizados. Según la publicación, con ese inmueble el relevamiento alcanza un total de 22 propiedades vinculadas al legislador y a integrantes de su círculo cercano.

De acuerdo con el medio, la vivienda fue adquirida el 26 de febrero de 2021 y figura inscripta a nombre de Cisneros. La nota señala que el inmueble posee una superficie de 3.284 metros cuadrados, está ubicado sobre la Ruta Provincial 307 y fue adquirido mediante una operación registrada como "venta con autorización judicial". Asimismo, sostiene que el bien aparece consignado en la declaración jurada patrimonial del diputado con destino de "recreo o veraneo", denominación que en la declaración correspondiente a 2024 pasó a "recreo o veraneo / cesión gratuita".

La publicación también afirma que la investigación recopila otros inmuebles atribuidos a Cisneros, entre ellos propiedades ubicadas en Yerba Buena, departamentos en distintos complejos habitacionales y otros bienes inmuebles. Además, extiende el relevamiento a propiedades registradas a nombre de sus hijas y de Juan Federico Petraglia, a quienes vincula con distintas sociedades comerciales.

En otro tramo del artículo, El Federalista hace referencia a empresas que, según su investigación, estarían relacionadas con Cisneros, sus familiares y allegados. También menciona antecedentes publicados por otros medios sobre movimientos financieros de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y un requerimiento efectuado, según indica la nota, en el marco de actuaciones impulsadas por el sistema financiero para identificar a los destinatarios de extracciones de efectivo realizadas por esa institución.

La publicación agrega que esos movimientos forman parte de actuaciones que, según afirma, se encuentran bajo análisis y menciona la intervención de organismos de control y del Ministerio Público Fiscal. No obstante, el artículo no informa la existencia de una resolución judicial que confirme las acusaciones formuladas ni incorpora una respuesta o descargo de Carlos Cisneros o de las demás personas mencionadas respecto del contenido de la investigación.