La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó una nueva línea de análisis centrada en una factura por más de $8 millones asociada a trabajos realizados en una propiedad vinculada al funcionario. La medida forma parte de las actuaciones impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca reconstruir el origen y la registración de distintos gastos bajo examen.

Según surge de la causa, los investigadores intentan establecer si integrantes del círculo laboral más cercano a Adorni intervinieron en operaciones comerciales o administrativas relacionadas con erogaciones que actualmente son objeto de verificación. Entre los puntos bajo estudio figura una factura emitida por un monto superior a los ocho millones de pesos que habría sido utilizada para documentar compras destinadas a una vivienda vinculada al jefe de Gabinete.

La pesquisa procura determinar si esos movimientos económicos fueron registrados por terceros y si existe correspondencia entre la documentación relevada y la información patrimonial presentada por los involucrados. En ese contexto, la fiscalía dispuso nuevas medidas para obtener datos que permitan reconstruir la trazabilidad de los gastos y verificar quiénes participaron en cada una de las operaciones investigadas.

Las actuaciones se enmarcan en una causa más amplia que analiza presuntas inconsistencias entre determinados desembolsos, reformas, adquisiciones y los ingresos declarados por Adorni y su esposa. La investigación también contempla la recopilación de documentación comercial y contable para establecer el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones inmobiliarias y de consumo.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que una de las hipótesis bajo evaluación es si empleados cercanos al funcionario pudieron haber intervenido en la registración de gastos que no figuraban directamente a nombre de quienes habrían realizado las compras. Por ese motivo, la fiscalía avanzó con nuevas diligencias destinadas a identificar responsabilidades y esclarecer la mecánica de las operaciones observadas.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no registra definiciones judiciales sobre el fondo de las sospechas investigadas. Mientras tanto, los fiscales buscan determinar si la documentación incorporada al expediente permite explicar de manera consistente los movimientos económicos analizados y la participación de cada una de las personas mencionadas en la investigación.