POLITICA
6 de junio de 2026
Martín Menem convoca a los bloques a sesionar el 24 de junio: Súper RIGI, ley de lobby y pago a fondos buitre en la mira
El presidente de Diputados ya notificó a jefes parlamentarios que reserven esa fecha. El temario incluye tres proyectos prioritarios para el Ejecutivo. El recinto abrirá entre dos partidos de Argentina en el Mundial.
A dos semanas y media de la fecha elegida, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya puso sobre aviso a los líderes de las principales bancadas parlamentarias. La instrucción es clara: el 24 de junio próximo sesionarán sí o sí. El riojano los recibió el martes pasado en su despacho y les pidió que despejen sus agendas para un temario que responde directamente a los intereses del Poder Ejecutivo, según confirmaron fuentes legislativas.
El plafón de temas que bajará al recinto incluye tres proyectos de peso. Primero, el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para megainversiones que amplía los alcances del original contenido en la Ley Bases. Segundo, una ley que regula la actividad del lobby, con miras a transparentar las gestiones de intereses ante funcionarios y legisladores. Tercero, la autorización para que el Estado nacional ejecute un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de pesos, iniciativa que ya cosechó media sanción en el Senado el jueves pasado.
La sesión del 24 caerá estratégicamente entre dos compromisos mundialistas de la selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27. Así, los diputados deberán deliberar en el medio de la primera fase, un detalle que no pasó desapercibido en los pasillos del Congreso.
Carrera contra el reloj para dictaminar
El oficialismo trazó una hoja de ruta con hitos precisos. Para la ley de lobby, el miércoles pasado se realizó una primera reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con exposiciones de los autores de los proyectos. El próximo miércoles 10 de junio, a las 14 horas, está pautado un segundo encuentro, esta vez con participación de organizaciones civiles e instituciones interesadas. El broche será el 17 de junio: ese día se prevé un último plenario con el objetivo explícito de firmar dictamen favorable al texto enviado por el Ejecutivo, que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.
Esa jornada del 17 será particular: ocurre al día siguiente del debut argentino en el Mundial contra Argelia. La iniciativa, inspirada en el modelo estadounidense, exige la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse los lobistas, quienes además presentarán declaraciones juradas sobre sus clientes y beneficiarios. Pero la norma no solo alcanza a los gestores: los funcionarios públicos —tanto del Ejecutivo como del Legislativo— también deberán hacer públicos sus encuentros con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos. El clima en el oficialismo es optimista. No anticipan problemas para lograr la media sanción, porque existe un consenso de fondo con las bancadas dialoguistas sobre la necesidad de terminar con décadas de opacidad en la gestión de intereses.
El Súper RIGI: inversiones de mil millones para industrias del futuro
El camino para este proyecto también comenzó el miércoles pasado, con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología. Los expositores fueron Daniel González, coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción.
La iniciativa está pensada para captar capitales de gran escala en sectores que el RIGI original había excluido: industrialización de litio y uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, pequeños reactores nucleares, semiconductores e inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. El umbral mínimo de inversión sube drásticamente: 1.000 millones de dólares, frente a los 200 millones del RIGI anterior. A cambio, se ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.
González detalló ante los legisladores una diferencia clave en los plazos de vigencia del régimen. “El RIGI tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional —opción que se hizo efectiva—. El Súper RIGI tiene un plazo más largo: cinco años y uno extra de prórroga”, explicó. Y añadió: “El RIGI daba un empujoncito final a proyectos que existían pero que no se animaban a lanzarse. El Súper RIGI, en cambio, apunta a proyectos que no existen, y la mayoría ni siquiera los conocemos. Es bastante más restrictivo y excluye explícitamente los recursos naturales y la infraestructura”. También remarcó que, a diferencia del RIGI, no pueden acogerse proyectos existentes ampliables.
El pago a los dos últimos holdouts
El tercer tema de la sesión del 24 es el más acotado en el tiempo. El Senado le dio media sanción el jueves con 40 votos a favor y 22 en contra. Ahora Diputados debe aprobarlo antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el acuerdo conciliatorio alcanzado en la Justicia de Estados Unidos. El entendimiento incluye una quita cercana al 30% sobre las sumas adeudadas originalmente. Los montos a desembolsar son: 67 millones de dólares para la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Sumados, dan 171 millones de pesos —una cifra que, de aprobarse, cerraría definitivamente el capítulo del default de 2001, reestructurado en múltiples canjes, con solo estos dos holdouts activos.
El plafón de temas que bajará al recinto incluye tres proyectos de peso. Primero, el denominado “Súper RIGI”, un régimen de incentivos para megainversiones que amplía los alcances del original contenido en la Ley Bases. Segundo, una ley que regula la actividad del lobby, con miras a transparentar las gestiones de intereses ante funcionarios y legisladores. Tercero, la autorización para que el Estado nacional ejecute un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de pesos, iniciativa que ya cosechó media sanción en el Senado el jueves pasado.
La sesión del 24 caerá estratégicamente entre dos compromisos mundialistas de la selección argentina. El equipo de Lionel Scaloni y Lionel Messi enfrentará a Austria el 22 de junio y a Jordania el 27. Así, los diputados deberán deliberar en el medio de la primera fase, un detalle que no pasó desapercibido en los pasillos del Congreso.
Carrera contra el reloj para dictaminar
El oficialismo trazó una hoja de ruta con hitos precisos. Para la ley de lobby, el miércoles pasado se realizó una primera reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con exposiciones de los autores de los proyectos. El próximo miércoles 10 de junio, a las 14 horas, está pautado un segundo encuentro, esta vez con participación de organizaciones civiles e instituciones interesadas. El broche será el 17 de junio: ese día se prevé un último plenario con el objetivo explícito de firmar dictamen favorable al texto enviado por el Ejecutivo, que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.
Esa jornada del 17 será particular: ocurre al día siguiente del debut argentino en el Mundial contra Argelia. La iniciativa, inspirada en el modelo estadounidense, exige la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deberán inscribirse los lobistas, quienes además presentarán declaraciones juradas sobre sus clientes y beneficiarios. Pero la norma no solo alcanza a los gestores: los funcionarios públicos —tanto del Ejecutivo como del Legislativo— también deberán hacer públicos sus encuentros con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos. El clima en el oficialismo es optimista. No anticipan problemas para lograr la media sanción, porque existe un consenso de fondo con las bancadas dialoguistas sobre la necesidad de terminar con décadas de opacidad en la gestión de intereses.
El Súper RIGI: inversiones de mil millones para industrias del futuro
El camino para este proyecto también comenzó el miércoles pasado, con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología. Los expositores fueron Daniel González, coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción.
La iniciativa está pensada para captar capitales de gran escala en sectores que el RIGI original había excluido: industrialización de litio y uranio, producción de baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, pequeños reactores nucleares, semiconductores e inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. El umbral mínimo de inversión sube drásticamente: 1.000 millones de dólares, frente a los 200 millones del RIGI anterior. A cambio, se ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años.
González detalló ante los legisladores una diferencia clave en los plazos de vigencia del régimen. “El RIGI tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional —opción que se hizo efectiva—. El Súper RIGI tiene un plazo más largo: cinco años y uno extra de prórroga”, explicó. Y añadió: “El RIGI daba un empujoncito final a proyectos que existían pero que no se animaban a lanzarse. El Súper RIGI, en cambio, apunta a proyectos que no existen, y la mayoría ni siquiera los conocemos. Es bastante más restrictivo y excluye explícitamente los recursos naturales y la infraestructura”. También remarcó que, a diferencia del RIGI, no pueden acogerse proyectos existentes ampliables.
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El tercer tema de la sesión del 24 es el más acotado en el tiempo. El Senado le dio media sanción el jueves con 40 votos a favor y 22 en contra. Ahora Diputados debe aprobarlo antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el acuerdo conciliatorio alcanzado en la Justicia de Estados Unidos. El entendimiento incluye una quita cercana al 30% sobre las sumas adeudadas originalmente. Los montos a desembolsar son: 67 millones de dólares para la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Sumados, dan 171 millones de pesos —una cifra que, de aprobarse, cerraría definitivamente el capítulo del default de 2001, reestructurado en múltiples canjes, con solo estos dos holdouts activos.
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ACTUALIZADO: 2026-06-06 15:22:07
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