Ayer, el Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto que modifica el funcionamiento de la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Tucumán, un tribunal creado en 1937 para resolver conflictos federales de tres provincias (Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) pero que, con el paso de las décadas, se volvió un embudo para causas complejas como narcotráfico, cuestiones electorales, litigios aduaneros y disputas de seguridad social. La votación fue de 61 afirmativos contra ninguno en contra, y la iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El proyecto propone dividir el tribunal —que actualmente funciona con un único órgano de cinco miembros que necesita tres votos coincidentes para dictar sentencia— en dos salas paralelas de dos jueces cada una. Se incorpora además una figura de presidente que oficie de desempate cuando sea necesario. El objetivo, según coincidieron los operadores judiciales consultados, es descomprimir un cuello de botella que lleva décadas demorando expedientes y afectando a justiciables del norte argentino.

La senadora Sandra Mendoza (Convicción Federal) impulsó esta reforma desde sus primeros meses de gestión en 2022, cuando la presentó sin éxito legislativo. La volvió a presentar en 2026 junto al senador catamarqueño Guillermo Andrada. Sin embargo, el texto que obtuvo media sanción unifica también la propuesta de su par Beatriz Ávila (bloque Independencia), quien había llegado al mismo diagnóstico por otra vía. Ambas senadoras tucumanas, de distinta extracción dentro del peronismo provincial, terminaron unificando sus proyectos y llevándolos juntas al recinto.

Durante su defensa en el Senado, Mendoza subrayó un argumento clave en el contexto económico actual: la reforma no genera gasto. No se construirá nueva infraestructura ni se contratará personal adicional. Las dos salas funcionarán con los mismos edificios y el mismo personal existente. El texto contempla la posibilidad de incorporar un sexto juez al tribunal —que hoy tiene cinco—, pero esa incorporación quedó condicionada a la disponibilidad presupuestaria, por lo que su concreción es incierta. Lo inmediato es una reorganización interna: el mismo tribunal, mejor distribuido.

El esquema propuesto no es una novedad en el país. Cámaras federales de Salta, La Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario ya operan con el sistema de salas paralelas, y los tiempos procesales han mejorado notablemente. Tucumán, que concentra la litigiosidad federal de toda una región con problemas estructurales de narcotráfico y una judicialización creciente en materia electoral y social, quedaría alineada con ese modelo si Diputados acompaña la iniciativa.

Beatriz Ávila también intervino en el debate y vinculó esta votación con otro avance de la misma sesión: la aprobación de decenas de pliegos judiciales que llevaban años pendientes. “Hace años que no se realizaban designaciones y era una deuda pendiente”, señaló, y valoró que el Senado haya avanzado en ambos frentes el mismo día.