La política tucumana sumó un nuevo frente de conflicto. Ángel Eduardo Páez, reconocido por la Justicia como hijo y heredero forzoso de Elías Chahla, presentó una denuncia penal contra la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, su hermana María Emilia Chahla y Amelia Eugenia Testa, a quienes acusa de haber desplegado una compleja maniobra destinada a vaciar el patrimonio hereditario mientras él luchaba durante décadas por el reconocimiento de su filiación.

La presentación, de casi treinta páginas, fue ingresada ante el Ministerio Público Fiscal y describe lo que el denunciante define como una verdadera “ingeniería patrimonial” construida mediante fideicomisos, transferencias inmobiliarias, ventas sucesivas y estructuras jurídicas que habrían permitido mantener el control económico de los bienes mientras se reducía artificialmente el acervo hereditario.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el denominado Fideicomiso de Administración Maipú, constituido en 2010. Según Páez, esa herramienta habría sido utilizada para concentrar bienes y facilitar posteriores transferencias patrimoniales cuando ya existían procesos judiciales en marcha para reclamar su reconocimiento como hijo de Elías Chahla.

La denuncia también pone bajo la lupa el inmueble ubicado en Marcos Paz 669/71, actualmente utilizado como estacionamiento comercial. Según el escrito, sobre ese predio se desarrollaron durante años litigios, acciones posesorias, operaciones de venta y movimientos patrimoniales que hoy son cuestionados por el heredero.

Otro capítulo relevante involucra terrenos ubicados en Santa Rosa de Leales, que habrían sido vendidos pese a registrar anotaciones de litis y medidas cautelares vinculadas a conflictos sucesorios. Para el denunciante, esas operaciones constituyen indicios de una estrategia orientada a disminuir el patrimonio sujeto a herencia.

Páez también solicitó que la investigación quede bajo conocimiento y supervisión del Fiscal Regional debido a la relevancia institucional del caso y al hecho de que algunas de las personas denunciadas ejercieron o ejercen cargos públicos de alta responsabilidad.

La causa ahora quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen operaciones patrimoniales legítimas dentro de una disputa sucesoria o si existieron conductas que puedan encuadrarse en delitos como administración fraudulenta, defraudación o simulación de actos jurídicos.

Por ahora, la denuncia representa una grave acusación dentro de una disputa familiar que, por la magnitud de los bienes involucrados y por la presencia de funcionarios públicos, amenaza con proyectarse mucho más allá del ámbito privado.