El Poder Ejecutivo confirmó el envío al Congreso de un proyecto de ley que introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Sociedades vigente, con el objetivo de reducir la intervención estatal, agilizar los trámites para la constitución de empresas y dotar de mayor flexibilidad a la reorganización societaria. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, brindó detalles técnicos de la iniciativa, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.

La pieza legislativa propone un cambio de paradigma: las normas de la ley pasan a tener carácter supletorio, lo que significa que el estatuto social de cada empresa prevalecerá por sobre lo establecido en el texto legal. “Nos movemos de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, sintetizó Sturzenegger.

Entre los puntos salientes, el proyecto elimina las barreras burocráticas que los registros públicos solían imponer. El objeto social podrá ser amplio y plural, sin necesidad de que exista conexidad entre las distintas actividades que realice la empresa. Incluso, si el estatuto no consigna un objeto específico, se entenderá que la sociedad puede dedicarse a cualquier actividad lícita. Además, los registros públicos no podrán dictar resoluciones que restrinjan derechos previstos en la ley.

En materia de gobierno corporativo, la iniciativa dispone la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y establece que los mandatos de directores y síndicos serán por tiempo indeterminado por defecto, salvo que el estatuto disponga lo contrario. Para la reorganización empresaria, se simplifica el proceso: si una sociedad posee el cien por ciento del capital de otra, el órgano de administración podrá absorberla directamente sin necesidad de asambleas duplicadas. Sturzenegger calificó esta medida como “burocracia cero para los grupos societarios”.

El proyecto también incorpora los instrumentos de inversión convertibles, una figura que permite a un inversor aportar capital sin convertirse en socio ni asumir responsabilidad por las deudas hasta el momento de ejercer su derecho de participación. Según el Gobierno, esta herramienta busca estimular el capital de riesgo y ampliar las fuentes de financiamiento para las empresas.

Por último, se habilita la digitalización plena de las sociedades: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución mediante firma digital o electrónica, con un legajo digital público para cada empresa.