La iniciativa de reforma tributaria promovida por el Poder Ejecutivo nacional sigue siendo parte de la discusión pública, aunque su avance resulta más pausado de lo que inicialmente esperaba la administración liderada por Javier Milei. Así lo confirmó el propio Ministerio de Economía, que en las últimas horas volvió a enviar señales acerca de la voluntad oficial de modificar el entramado impositivo vigente, con foco en aquellos tributos provinciales y municipales que el Gobierno considera generadores de distorsiones en el funcionamiento económico. En paralelo, la Nación convocó formalmente a gobernadores y jefes comunales para revisar el peso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas que los municipios aplican sobre las ventas, dos cargas que, según el Ejecutivo, afectan de manera significativa la competitividad de la producción local.

El planteo oficial encontró respaldo en un reciente diagnóstico elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa). El organismo advirtió que las actuales distorsiones tributarias perjudican seriamente el desempeño de la economía y elevan los costos de la actividad productiva. Según el análisis, cualquier reforma de fondo que pretenda ordenar el sistema impositivo requiere necesariamente un pacto político entre los tres niveles del Estado: Nación, provincias y municipios. Desde Idesa subrayaron que las medidas fragmentarias –como las rebajas parciales de impuestos– constituyen apenas alivios temporales y gestos positivos, pero resultan insuficientes para atacar el problema estructural del régimen tributario argentino.

El antecedente más relevante en materia de negociación fiscal integral entre el gobierno central y los distritos provinciales fue el Consenso Fiscal de 2017, suscripto durante la presidencia de Mauricio Macri, que preveía una disminución gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos. Sin embargo, aquel esquema finalmente naufragó. Ahora, el debate gira en torno a las causas de ese fracaso. Para Idesa, la explicación no pasa únicamente por una supuesta falta de voluntad política, sino también por errores de diseño estructural del acuerdo.

El instituto desarrolló un ejercicio teórico a partir de una cadena productiva simple de tres eslabones, en la que cada etapa representa un tercio del valor agregado total y soporta cargas tributarias homogéneas. De acuerdo con el informe, incluso con reducciones progresivas de impuestos, el impacto final sobre los precios resulta acotado. No obstante, el organismo consideró que la dificultad principal no reside exclusivamente en las alícuotas, sino en la abrumadora complejidad administrativa del sistema. “Cientos de alícuotas y normas diferentes, algunas no disponibles en internet y de interpretación ambigua, conforman un entramado extremadamente engorroso”, advirtió el estudio.

A esa complejidad se suman los mecanismos de pagos adelantados, que incrementan tanto los costos financieros como la carga burocrática para empresas y contribuyentes. El informe sostiene que, aunque las alícuotas se redujeran, los elevados costos transaccionales persistirían y terminarían diluyendo cualquier mejora esperada en materia de competitividad. En esa línea, el organismo alertó sobre el riesgo de reeditar los errores del pasado si se intenta resucitar el espíritu del Consenso Fiscal 2017. “Lo más probable es que no se cumpla porque es muy difícil impedir que las provincias implementen mecanismos indirectos para compensar la pérdida de recaudación”, señaló el reporte.

Entre esas maniobras compensatorias, Idesa mencionó la posibilidad de que los distritos reduzcan formalmente las alícuotas mientras elevan los pagos a cuenta o anticipos tributarios que luego no son reintegrados a los contribuyentes. Del lado de las provincias, la discusión aparece atravesada por una fuerte preocupación fiscal. Los gobernadores exigen garantías de compensación económica si se avanza con una baja de Ingresos Brutos, dado que ese tributo representa aproximadamente el 80% de la recaudación total de numerosos distritos del interior del país.

Frente a ese escenario, el instituto propuso como alternativa la creación de un “Súper IVA”, un esquema que absorbería simultáneamente Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre ventas. La idea contempla una alícuota superior al actual IVA del 21%, aunque menor a la carga tributaria efectiva que hoy enfrentan consumidores y empresas al sumar impuestos nacionales, provinciales y municipales. Según Idesa, este modelo permitiría simplificar el sistema, reducir costos administrativos y disminuir los niveles de evasión. Además, al aplicarse sobre el valor agregado y no directamente sobre el precio de venta, facilitaría reintegros a exportadores y garantizaría igualdad tributaria entre productos nacionales e importados. El informe también sostiene que este mecanismo podría incorporar devoluciones o compensaciones específicas para familias de bajos ingresos.

“Resucitar el Consenso Fiscal de 2017 es garantizar la repetición del fracaso”, concluyó el trabajo elaborado por Idesa. Para la entidad, una reducción gradual de alícuotas provinciales difícilmente logre efectos significativos sobre la competitividad y, además, resultaría muy compleja de sostener para las administraciones provinciales. Por eso, el organismo insistió en que una reforma tributaria profunda debería avanzar hacia un esquema integral basado en un Súper IVA que unifique tributos y reduzca la presión administrativa sobre el sector productivo argentino.